El exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, fue condenado este martes a tres años de prisión de ejecución condicional por irregularidades en la contratación de la constructora brasileña Odebrecht para las obras de ampliación de los gasoductos Norte y Sur. Además, el Tribunal Oral Federal N.º 2 dispuso su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La sentencia fue dictada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Néstor Costabel, quienes consideraron a De Vido partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. El exfuncionario cumple actualmente prisión domiciliaria por la causa vinculada a la tragedia de Once.
En el mismo fallo también fueron condenados el exsecretario de Energía, Daniel Cameron, a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua, y el exsubsecretario de Combustibles, Cristian Folgar, quien recibió una pena de dos años y seis meses de ejecución condicional, además de la prohibición de ocupar cargos públicos. En tanto, el tribunal absolvió al exvicepresidente de CAMMESA, Luis Beuret, y al exsubgerente Julio Armando Bragulat.
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Los magistrados establecieron además que los condenados deberán fijar domicilio y permanecer bajo supervisión de un Patronato durante el tiempo que duren sus respectivas condenas. Los fundamentos completos del fallo serán dados a conocer el próximo 4 de septiembre a las 14.
Antes de escuchar la sentencia, De Vido agradeció al tribunal por las facilidades otorgadas tras haber atravesado recientemente un problema cardíaco y destacó el trabajo de sus abogados. Por su parte, Folgar cuestionó la demora del proceso judicial y sostuvo que el paso del tiempo afectó la producción de pruebas y la memoria de los testigos.
La investigación se originó a partir de las derivaciones del caso Skanska y puso bajo análisis el presunto direccionamiento de las licitaciones para la segunda ampliación de los gasoductos entre 2006 y 2008. Durante el juicio, los fiscales Diego Luciani y José Ipohorski Lenkiewicz sostuvieron que se creó un marco normativo diseñado para beneficiar a Odebrecht, mientras que las defensas argumentaron que las decisiones adoptadas respondieron a la emergencia energética que atravesaba el país.
FUENTE: NA.
IMÁGEN: NA.
