El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación declaró este lunes la «emergencia en materia penitenciaria» por el término de tres años y conformó una «comisión» especial para elaborar políticas que puedan resolver el «déficit habitacional» en las prisiones federales, «mejorar las condiciones de privación de la libertad» e implementar «medidas alternativas» al encarcelamiento.
Fuentes de dicha cartera informaron a Télam que esta resolución se basa en que la población del Servicio Penitenciario Federal (SPF) «ha experimentado un incremento significativo en los últimos años» a raíz de la lucha contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado.
Según datos del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena, la población detenida en cárceles federales al 31 de diciembre de 2015 era de 10.274, mientras que el SPF informó que al 13 de marzo pasado los internos alojados ascendían a 13.773.
A su vez, la capacidad operativa de alojamiento ideal a esa última fecha alcanzaba las 12.235 plazas, lo que significa una sobrepoblación superior al 12 por ciento, detalló la resolución.
«En razón de las políticas exitosas de seguridad pública y, consecuentemente, de persecución del delito para combatir la inseguridad ciudadana y el crimen organizado implementadas por el Poder Ejecutivo Nacional (…) dicho porcentaje seguirá incrementándose sustancialmente durante el año en curso», señaló el documento.
Asimismo, y «pese a que en los últimos años se ha registrado un descenso en los porcentajes de personas sin condena alojadas en establecimientos penitenciarios federales», en la actualidad esa cifra asciende al 57 por ciento de los internos, «situación que suele extenderse en el tiempo a raíz de la prolongada duración de los procesos».
De acuerdo a la resolución, las órdenes judiciales «impiden el traslado de detenidos hacia unidades ubicadas en el interior del país», por lo que se generan situaciones de superpoblación en las cárceles de la región metropolitana, donde se concentra el 63 por ciento de los alojamientos penitenciarios.
De acuerdo a la resolución, en forma paralela «se ha promovido la aplicación de medidas alternativas a la pena privativa de la libertad para grupos vulnerables, tales como mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con problemas de salud o con discapacidad» como «la utilización de dispositivos de vigilancia electrónica».
En ese sentido, recordaron que se tramitó la contratación de 2.880 dispositivos para aumentar los servicios diarios de dicha vigilancia y que el objetivo es llegar a los 6.000.
Télam
