La jueza Sandra Heredia halló al expresidente colombiano responsable de manipular testigos mediante intermediarios. La decisión abre el camino a una posible condena sin precedentes en la historia del país.
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En un fallo que marca un antes y un después en la justicia colombiana, la jueza 44 penal de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda, declaró este lunes al expresidente Álvaro Uribe Vélez penalmente responsable del delito de soborno en actuación penal. La resolución judicial se produjo tras una audiencia de seis horas y sienta un precedente histórico, al tratarse de la primera vez que un exmandatario colombiano podría recibir una sentencia penal en primera instancia.
Según la magistrada, Uribe, líder del partido Centro Democrático, utilizó a su abogado Diego Cadena para ofrecer beneficios a personas detenidas, con el objetivo de modificar sus testimonios en procesos judiciales que lo involucraban. Uno de los casos más relevantes fue el del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, a quien se habría intentado persuadir para que no declarara sobre presuntos vínculos de Uribe con el paramilitarismo en Antioquia, e incluso para que acusara falsamente al senador Iván Cepeda.
“El primer soborno en actuación penal, en cuanto a la materialidad de la conducta punible, ha quedado acreditado”, afirmó la jueza Heredia durante la audiencia. El proceso tiene su origen en 2012, cuando Uribe denunció a Cepeda por manipulación de testigos. Sin embargo, la evolución de la investigación revirtió los roles: Cepeda pasó a ser considerado víctima y Uribe investigado.
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La jueza aún debe pronunciarse sobre los otros dos delitos que la Fiscalía le imputa al exmandatario: fraude procesal y soborno, además de determinar una eventual condena que podría oscilar entre seis y doce años de prisión.
En paralelo, la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia solicitó medidas de protección para la jueza Heredia, dada la sensibilidad política del caso. En un comunicado replicado por El Tiempo, el gremio expresó su respaldo a la independencia judicial y exhortó al Gobierno y al Consejo Superior de la Judicatura a garantizar la seguridad de todos los jueces involucrados en procesos de alto perfil.
Este fallo revive tensiones políticas en Colombia y podría tener consecuencias profundas en el escenario institucional del país, al involucrar directamente a una de las figuras más influyentes de las últimas décadas.
Fuente y foto: Infobae
