La Justicia federal ordenó el decomiso de 13 nuevas propiedades que estaban registradas a nombre de supuestos testaferros del asesinado Diego Xavier Guastini, conocido como “Dolarín”. El contador, clave en el engranaje financiero del narcotráfico en Argentina, había sido condenado en 2019 por contrabando de divisas y declarado arrepentido en causas de lavado. Fue ejecutado por un sicario un mes después, en pleno centro de Quilmes.
La decisión fue tomada por la jueza Sabrina Namer, del Tribunal Oral en lo Penal Económico N.º 1, a pedido de la fiscalía especializada en lavado de activos y la Procuración General. Con esta resolución, ya suman 26 las propiedades incautadas a la organización que lideraba Guastini, entre ellas oficinas en el microcentro porteño y una unidad en Puerto Madero. Todas habrían sido adquiridas con dinero del narcotráfico internacional entre 2013 y 2014.
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Las maniobras descubiertas incluyeron la compra de bienes a través de empresas ficticias o personas sin capacidad económica real, lo que permitió esconder el origen ilícito de los fondos. En muchos casos, quienes figuraban como titulares admitieron haber actuado por pedido directo del contador. Según la Justicia, se trató de un sofisticado esquema de lavado con apariencia de legalidad.
Guastini, que colaboró como arrepentido, aportó información crucial en causas que involucran a las bandas del clan Loza y de Carlos Sein Atachahua Espinoza, cuyos bienes fueron embargados por sumas que alcanzan los 10.000 millones de pesos. Además, estaba por declarar en la causa “Leones Blancos”, donde se denunció el robo de media tonelada de cocaína por parte de funcionarios judiciales y policiales, lo que habría motivado su asesinato.
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El operativo “Leones Blancos”, llevado a cabo en 2013, sigue teniendo derivaciones. El sargento Adrián Baeta, allegado a Guastini, está detenido y fue quien llegó primero a la escena del crimen. En su poder se hallaron imágenes del cuerpo del contador y de su tumba. La Justicia cree que su muerte fue ordenada para silenciar su testimonio en una causa que aún amenaza con revelar nuevas conexiones entre el crimen organizado y sectores del poder.
Fuente: La Nación.
