Foto de archivo.
Lo expresó una de las integrantes de la Lof Catriman Colihueque, Gloria Colihueque, quien al dialogar con Radio 3 afirmó que el conflicto se arrastra desde hace varios años.
La Lof Catriman Colihueque difundió la semana pasada un comunicado urgente en el que denunció un nuevo intento de avance sobre su territorio comunitario, ocurrido el pasado 9 de diciembre de 2025. Según señalaron, integrantes de la familia Samame-Bordas habrían intentado realizar tareas de alambrado en tierras que la comunidad reconoce como ocupación ancestral.
De acuerdo al pronunciamiento, la situación fue detectada tras la presencia del ex procurador general de Chubut, Eduardo Samame, en la zona. La comunidad sostuvo que se trata de tierras fiscales en conflicto, sobre las cuales existen adjudicaciones emitidas por el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IAC) que son cuestionadas por la Lof.
En diálogo con Radio 3, la integrante de la comunidad Gloria Colihueque afirmó que el conflicto se arrastra desde hace varios años. “Desde el 2020 estamos con este problema, en plena pandemia entraron sin avisar, cortaron candados y llevaron materiales para instalarse. Nunca se presentaron ni explicaron nada, simplemente avanzaron sobre el territorio”, relató.
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La referente comunitaria denunció además situaciones de hostigamiento y violencia. “Siempre mandan empleados que actúan con prepotencia, nos taparon caminos, cortaron pinos para bloquear tranqueras y cuando denunciamos, la respuesta de la justicia es lenta. Si fuera al revés, actúan enseguida, pero acá siempre hay excusas”, sostuvo.
La integrante de la Lof describió además el impacto cotidiano del conflicto en la comunidad. “Vivimos con miedo. Andan de noche, se escuchan tiros, llevan perros que atacan a nuestros animales y hasta hemos encontrado vacas muertas. Hay amenazas constantes y, aunque existen prohibiciones de acercamiento, muchas veces no se cumplen”, aseguró.
Finalmente, Colihueque indicó que continúan las acciones legales contra resoluciones del IAC y reclamó una intervención efectiva del Estado. “Nosotros llevamos más de 20 años viviendo acá. Estamos apelando todo por la vía legal, pero mientras tanto siguen entrando al territorio sin respetar nada. Solo pedimos que se respete nuestra ocupación y que la justicia actúe con igualdad”, concluyó.
