Abogados vinculados a Reset Republicano presentaron una denuncia penal ante la Cámara Federal por la contratación de la Cancillería con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa.
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Los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio presentaron una denuncia penal para sorteo ante la Cámara Criminal y Correccional Federal contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, por la presunta omisión de publicación en la web de la Oficina Anticorrupción (OA), en el marco de una contratación entre la Cancillería y la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI).
Según la constancia de presentación, la denuncia fue remitida el 16 de febrero de 2026 a las 13:55 al correo de sorteos de la Cámara, bajo el asunto “DENUNCIA PUBLICACIÓN STURZENEGGER Y OTROS”. Los letrados solicitaron que la causa investigue una presunta vulneración al Decreto 202/2017, que regula la transparencia y los mecanismos de control en contrataciones públicas cuando existen vínculos entre funcionarios y contratistas.
La presentación hace referencia a la Disposición 21/2026 (DI-2026-21-APN-SSCYAE#MRE), dictada el 19 de enero de 2026 por la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior. A través de esa medida se adjudicó a la AACI la contratación directa por especialidad N° 26-0033-CDI25 por un monto de $114.044.133, con opción de prórroga, para la continuidad del servicio de capacitación en inglés del personal de Cancillería dentro del Plan Estratégico de Capacitación (PEC) 2025–2027.
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En el escrito judicial se indicó que de la Declaración Jurada de Intereses surgió un “vínculo positivo” entre el ministro Sturzenegger y María Josefina Rouillet, cónyuge del funcionario y directiva de la entidad adjudicataria. De acuerdo con el texto oficial, se habrían activado los mecanismos previstos en el artículo 4° del decreto, incluyendo la comunicación a la OA y a la SIGEN, la sugerencia de un Pacto de Integridad y la publicación de las actuaciones en el sitio del ministerio.
Sin embargo, los denunciantes afirmaron que al consultar el buscador de “Casos informados a la OA” no encontraron constancia, al 15 de febrero de 2026, de la publicación correspondiente a la recepción de la declaración jurada vinculada al caso. Sostienen que esa presunta omisión afecta un requisito “clave” de transparencia institucional.
En el apartado jurídico, la denuncia encuadra los hechos en los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público (artículo 248 del Código Penal) y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública (artículo 265). Además, solicita que se investigue la conducta de Rouillet en su doble rol de directiva de la AACI y cónyuge del ministro.
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El escrito también introduce un antecedente: señala que en 2024 habría existido un contrato previo entre los mismos actores y plantea la necesidad de verificar si correspondía una actualización de la declaración jurada dentro del plazo previsto por el decreto y si esa eventual actualización fue publicada en el sitio de la OA.
La denuncia tomó estado público tras una investigación de la Agencia Noticias Argentinas que reveló la adjudicación del contrato por más de 114 millones de pesos a la entidad dirigida por Rouillet. En ese contexto, el canciller Pablo Quirno negó irregularidades, aseguró que la Cancillería contrata a la AACI desde 2018 y sostuvo que, ante la existencia de un vínculo familiar, se activaron los procedimientos de integridad con intervención de la OA y la SIGEN.
La causa quedó ahora sujeta al sorteo y eventual asignación de juzgado federal, en un expediente que podría reabrir el debate sobre los mecanismos de control, transparencia y conflictos de interés en la administración pública nacional.
Fuente: Noticias Argentinas
Foto: Archivo
