Un hombre de 44 años que se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad en Gaiman habría sido amenazado de muerte, agredido y víctima de la destrucción del precario lugar donde vive, según denunció su abogado, Facundo Bonavita. El letrado sostuvo que el trabajador permanece en riesgo y cuestionó la falta de una medida de protección luego de las presentaciones realizadas ante la Fiscalía.
De acuerdo con el relato de Bonavita, el hombre es oriundo de La Rioja, no sabe leer y apenas sabe escribir. Llegó a Gaiman en busca de trabajo y, según explicó el abogado, fue contratado para cuidar una chacra con la promesa de contar con un lugar donde vivir. Sin embargo, terminó instalado en un antiguo gallinero, sin baño, gas ni condiciones básicas, y habría trabajado durante meses sin recibir una remuneración.
“Era un gallinero. Imagínense que ni un perro vive en una situación así. Pasó todo el invierno el hombre ahí adentro, sin gas, sin un baño, en un lugar que estaba lleno de ratas”, relató Bonavita durante una entrevista. Según su denuncia, además, el hombre no podía abandonar el establecimiento para realizar otros trabajos porque debía permanecer allí para cuidar la chacra y tampoco contaba con dinero suficiente para comprar alimentos.
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La situación se agravó, siempre según la presentación realizada por el abogado, cuando el trabajador habría recibido amenazas con un arma blanca para que abandonara el lugar. Bonavita aseguró que le advirtieron que, si no se retiraba, podían prender fuego el lugar con él adentro. Tras solicitar una medida de protección, afirmó que la Fiscalía consideró que no existían elementos suficientes para disponerla. Horas después, el hombre habría regresado de realizar una changa y encontrado destruida su vivienda: le habrían roto la puerta y los vidrios y retirado la cama, el colchón, las frazadas y otros elementos, además de provocar daños en la instalación eléctrica.
“Esto lo que deja en evidencia es que no fue solamente una amenaza, que esta gente es capaz de llevar adelante justamente lo que amenazó”, sostuvo Bonavita. El abogado afirmó además que durante la mañana posterior a esos hechos los propietarios de la chacra habrían regresado al lugar y que el trabajador le envió un video en el que, según su relato, se observa a una persona con un palo. “Hoy a la mañana me mandó un audio llorando, porque tenía miedo que lo maten, tenía miedo que lo prendan fuego ahí adentro”, señaló.
Bonavita cuestionó especialmente la falta de una respuesta preventiva y mencionó a la fiscal Claudia Ibáñez como la funcionaria que recibió la denuncia. “La doctora Claudia Ibáñez debería intervenir ahí y no lo hizo”, afirmó. El abogado sostuvo que, luego de la destrucción de la vivienda, insistió en la necesidad de disponer una medida de protección y de encontrar un lugar transitorio donde alojar al hombre, pero aseguró que hasta el momento de la entrevista no había obtenido una respuesta.
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EL AUDIO DEL TRABAJADOR PIDIENDO AYUDA
“¿Qué vamos a esperar? Si hoy a la mañana o a la noche, a las tres de la mañana, le prenden fuego el rancho, porque es un ranchito como él dice, y él está durmiendo ahí y al hombre lo matan, ¿quién se va a hacer responsable?”, planteó el abogado. En ese sentido, sostuvo que la situación requiere una intervención urgente porque, a su entender, ya no se trata solamente de una denuncia por amenazas sino de una sucesión de hechos que podrían configurar distintos delitos.
El letrado mencionó entre las figuras que deberían ser investigadas la reducción a la servidumbre, las amenazas agravadas, lesiones, daños y un posible robo. En relación con la reducción a la servidumbre, explicó que el artículo 140 del Código Penal contempla penas de entre cuatro y quince años de prisión. “En realidad acá estamos ante varios delitos, no es un solo delito”, remarcó, y agregó que la calificación definitiva y las eventuales responsabilidades deberán surgir de la investigación judicial.
El abogado también señaló que existen antecedentes de reclamos contra las personas vinculadas con la chacra por presuntas situaciones laborales similares, aunque aclaró que esa información surge de vecinos y de lo que pudo averiguar. En particular, sostuvo que habría otras personas que denunciaron haber trabajado para el matrimonio sin recibir pagos. Esas afirmaciones, al igual que las acusaciones sobre las agresiones y amenazas sufridas por el trabajador, deberán ser establecidas mediante la investigación correspondiente.
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Mientras tanto, Bonavita aseguró que analiza recurrir ante un juez y presentar actuaciones ante autoridades superiores del Ministerio Público para solicitar medidas de protección. “Sí, directamente”, respondió cuando se le consultó si podía recurrir a un juez ante la negativa de la Fiscalía. También planteó la posibilidad de presentar un escrito ante el procurador general, aunque advirtió sobre la urgencia de resolver la situación antes de que avance el fin de semana.
“Yo personalmente, más allá de que estoy haciendo mi trabajo como abogado, lo estoy ayudando como persona yendo a la chacra con gente, vecinos que lo ayudamos porque realmente nos preocupa la situación”, explicó Bonavita. Y volvió a insistir sobre el riesgo que enfrenta el hombre: “Mínimamente, porque ¿quién se va a hacer cargo si ahora al hombre le pegan una apuñalada y lo matan?”.
Según el abogado, la prioridad inmediata es garantizar que el trabajador pueda permanecer en un lugar seguro mientras avanza la investigación. “Hoy su vida sigue corriendo peligro”, sostuvo. El caso quedó planteado así en dos dimensiones: por un lado, la denuncia sobre las condiciones en las que el hombre habría trabajado y vivido durante los últimos ocho meses; por otro, la sucesión de amenazas, daños y presuntas agresiones que, según su representación legal, incrementaron el riesgo para su integridad.



