Cristosal reporta pagos irregulares a abogados y particulares para visitas y beneficios penitenciarios, generando violaciones a derechos humanos.
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La organización salvadoreña Cristosal denunció este martes casos de corrupción en cárceles de El Salvador, donde familiares de detenidos han tenido que pagar sumas millonarias para acceder a visitas o beneficios penitenciarios, en el marco del régimen de excepción implementado desde marzo de 2022 contra las pandillas.
Según la investigación de la ONG, abogados han actuado como intermediarios de pagos irregulares y personas particulares vinculadas a la Dirección General de Centros Penales facilitaron beneficios a cambio de dinero. Por ejemplo, una mujer debía abonar 2.000 dólares en el Centro Penal La Esperanza (Mariona) para ver a su hijo, mientras que otra pagó 4.000 dólares en cada visita a su esposo, logrando verlo solo dos veces.
Cristosal también documentó propuestas de beneficios adicionales, como el pago de 3.000 dólares para trasladar a un detenido a un sector menos conflictivo y hasta 7.000 dólares para lograr su liberación. La organización alertó que estas prácticas generan violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad y profundizan su vulnerabilidad.
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«Las dinámicas observadas permiten retratar la precaria situación del sistema penitenciario salvadoreño y sus efectos negativos sobre las personas», aseguró Cristosal, que pidió a las autoridades identificar y sancionar a los custodios implicados en estas transacciones.
El régimen de excepción suspendió algunas garantías constitucionales, incluyendo el derecho a la defensa y las visitas familiares, y ha sido la principal herramienta del Gobierno del presidente Nayib Bukele en la lucha contra las pandillas. Pese a la controversia, Bukele logró su reelección inmediata, mientras que organizaciones humanitarias reportan más de 6.400 denuncias por violaciones a derechos humanos y más de 400 muertes bajo custodia estatal, muchas con signos de violencia.
Fuente: EFE
Foto: Archivo
