Más del 60% de los beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez laboral en el Chaco no cumplen con los requisitos, según una auditoría de la Agencia Nacional de Discapacidad. Los operativos continúan en la provincia.
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El gobierno nacional ha revelado que más del 60% de los auditados en la provincia de Chaco no cumplen con los requisitos para recibir pensiones no contributivas por invalidez laboral. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a cargo de Diego Spagnuolo, ha realizado auditorías sobre más de 1.250.000 beneficiarios de este tipo de pensiones en todo el país, con un enfoque particular en las localidades chaqueñas. Los operativos en esta provincia, gobernada por Leandro Zdero, han resultado en la citación de 2.689 beneficiarios, de los cuales el 87,17% asistió a la convocatoria.
Los resultados han sido impactantes: 1.796 beneficiarios (66,79%) no cumplen con los requisitos y serán dados de baja, mientras que solo 365 (13,58%) fueron aprobados para continuar recibiendo el beneficio. Además, se ha reportado que 345 beneficiarios (12,83%) no se presentaron a la auditoría, y 183 casos (6,81%) se encuentran en proceso de “fiscalización médica”.
Algunos casos destacados incluyen una beneficiaria con amputación falsa, personas con diagnósticos contradictorios y el caso de una mujer que recibía una pensión por cáncer de mama a pesar de nunca haber sido diagnosticada con la enfermedad. También se descubrió que una mujer confesó haber obtenido la pensión gracias a un fraude perpetrado por su empleadora.
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Este escándalo ha destapado un sistema de corrupción en el otorgamiento de pensiones no contributivas, que involucra a médicos, gestores y funcionarios. Según un informe de la ANDIS, el desvío de fondos durante la gestión de Alberto Fernández alcanzó un 40% del monto destinado a pensiones no contributivas por invalidez laboral, estimando un daño económico de 3.400 millones de dólares anuales.
Además, un informe revela que, entre 2003 y 2015, la cantidad de pensiones no contributivas aumentó de 80.000 a 1.050.000, lo que representó un aumento desmedido que continúa bajo la presidencia de Alberto Fernández con 1.250.000 pensiones en 2023. Las auditorías de la ANDIS han sido fundamentales para identificar este tipo de irregularidades y continuar con el proceso de transparencia en la asignación de pensiones, asegurando que los recursos lleguen a quienes realmente lo necesitan.
Fuente: Infobae
Foto: Archivo
