Varias organizaciones de derechos humanos han lanzado serias acusaciones contra el régimen de excepción implementado en El Salvador. Según denuncias recientes, al menos 176 niños y niñas han quedado huérfanos debido a la muerte de sus padres encarcelados bajo esta política, que ha sido aplicada por el presidente Nayib Bukele desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas.
La organización Cristosal ha señalado que estas muertes son consecuencia directa del régimen de excepción, destacando casos graves como el de Dina Hernández, una activista de derechos humanos de 28 años, quien estaba embarazada de 35 semanas cuando fue detenida. Tres semanas después, su familia supo que la hija que gestaba había muerto, y hasta ahora no tienen información sobre la salud de Dina ni si ha recibido atención posnatal.
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Cristosal denuncia un sistema de justicia hecho a la medida del régimen, donde los jueces han perdido su independencia. Entre 2022 y 2024, al menos 261 personas adultas y cuatro niños han muerto bajo custodia estatal. La ONG también reporta la muerte de 244 personas bajo custodia entre marzo de 2022 y febrero de 2024, subrayando que la cifra podría ser mayor debido a la falta de acceso a información oficial.
El informe de Cristosal estima que alrededor de 62,022 menores de 15 años pueden haber sufrido algún tipo de abandono debido al arresto o encarcelamiento de sus familiares. La organización destaca la profundización de la desigualdad social y de género como resultado del régimen de excepción.
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Distintas organizaciones de derechos humanos critican el régimen de excepción por violar garantías fundamentales, pero el presidente Bukele se mantiene firme en su decisión de no derogarlo. Esta política, que permite detenciones sin orden judicial, fue aprobada por el Congreso tras una escalada de violencia en marzo de 2022, y ha sido prorrogada hasta julio de 2024. Hasta la fecha, más de 81,000 presuntos pandilleros han sido detenidos bajo esta medida.
FUENTE: DW
FOTO: AP.
