“En Puno ha sucedido una masacre, han asesinado a civiles con armas de fuego, Puno precisa justicia pronta, son cerca de dos meses y aún las diligencias (fiscales) no se han realizado”, afirmó Wilmer Quiroz, abogado de las víctimas, en conferencia de prensa.
El 9 de enero pasado, en el contexto de las protestas antigubernamentales que sacuden al país desde diciembre, hubo hechos de particular violencia en Juliaca -la mayor ciudad de Puno, a unos 1.300 kilómetros al sudeste de Lima-, tanto de parte de los manifestantes como en la represión.
Solo ese día murieron allí 18 manifestantes y un policía -el único que falleció en todas las protestas, calcinado-, y se registraron alrededor de 180 heridos.
Quiroz relató que la investigación está demorada porque inicialmente estuvo en manos de policías y fiscales especializados en crimen organizado, que luego la dejaron en manos de una fiscalía común de Juliaca.
Agregó que esta última fiscalía apenas recabó algunos documentos y solo la semana pasada inició la revisión de los videos que registran los incidentes del 9 de enero, según la agencia de noticias AFP.
El abogado dijo que la fiscalía no cuenta con pericias balísticas y psicológicas, ni con declaraciones de los policías y soldados que participaron del operativo, y que tampoco citó a ninguna víctima para que diera su testimonio.
Los familiares de las víctimas reclaman que se abran investigaciones a los jefes del operativo y que se habilite en Puno una fiscalía especializada en derechos humanos.
Perú vive una ola de protestas desde el 7 de diciembre, cuando el Congreso destituyó al presidente Pedro Castillo después de que este anunciara la disolución del parlamento y la formación de un gobierno excepcional con supresión de garantías constitucionales.
Los manifestantes reclaman esencialmente la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, que sucedió a Castillo por ser hasta entonces su vice, y el adelantamiento de las elecciones generales.
En esas protestas murieron 49 personas (48 civiles y un policía) en enfrentamientos y otras 11 como consecuencia de los cortes de rutas, y al menos 1.301 personas (entre ellas, 329 policías y seis militares) resultaron heridas, según el último balance de la Defensoría del Pueblo, publicado esta tarde.
Sectores de oposición y organizaciones no gubernamentales -entre ellas, Amnistía Internacional- advirtieron sobre excesos en el uso de la “fuerza letal” en la represión de las protestas.
Un reciente informe del sitio web IDL Reporteros pareció probar, con imágenes de cámaras de seguridad municipales y de comercios, que al menos seis de las 10 personas muertas el 15 de diciembre en la ciudad de Ayacucho fueron asesinadas por policías o militares, y otros medios ya habían advertido que pudo haber sucedido algo similar en Juliaca el 9 de enero.
El gobierno resolvió ayer por decreto entregar “por única vez” subsidios de 50.000 soles (equivalente a poco más de 13.000 dólares) a los deudos de los muertos durante las protestas y de 25.000 soles a los heridos “de gravedad”.
Al respecto, hoy publicó en el diario oficial El Peruano un “primer listado” de beneficiarios, que incluye a familiares de 52 fallecidos, según la agencia de noticias Andina.
Telam
