Le sacaron un nuevo ejemplar del documento sin su consentimiento y acumula deudas por 60 millones de pesos. El Renaper admitió el error, pero la Justicia aún no lo libera de las obligaciones financieras.
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A Fernando le cambió la vida en marzo pasado. De un día para otro, comenzaron a llegarle reclamos por deudas millonarias que jamás había contraído. En pocos días, se enteró de que una persona en San Juan había gestionado un nuevo ejemplar de su DNI sin su consentimiento, y con ese documento sacó créditos por más de 60 millones de pesos.
“Hasta que no recibí mi nuevo DNI, ejemplar C, no podía salir del país, votar ni anotar a un hijo recién nacido. Y si me moría, no se podía certificar que era yo”, contó Fernando, aún conmovido por la situación. Descubrió que en la base de datos de Migraciones figuraba un ejemplar B que nunca había tramitado. El documento fue emitido en Chimbas, San Juan, a nombre de Marcelo Omar Cardozo, quien había usado su identidad para realizar operaciones financieras.
La denuncia de Fernando se suma a un caso similar ocurrido en Tandil, que derivó en la detención de cuatro personas, entre ellas Natalia Castillo, jefa del área de DNI del Registro Civil de Pocito, en la provincia cuyana. Según la investigación a cargo del fiscal federal Fernando Alcaraz, Castillo integraría una banda que accedía ilegalmente a las bases de datos del Renaper para emitir documentos apócrifos y cometer estafas.
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En el caso de Fernando, la deuda creció de 17 millones de pesos en marzo a un pico de 60 millones, y actualmente ronda los 34 millones, a pesar de que el Renaper reconoció por escrito que el ejemplar B fue emitido de forma irregular. “Me sirve para demostrar que yo no tomé esas deudas, pero aún no me han liberado de todo”, lamenta.
Para probar su identidad, Fernando tuvo que presentarse en la sede central del Renaper con su partida de nacimiento, su hermana y la libreta de matrimonio de sus padres. Solo entonces pudo iniciar el trámite para obtener un nuevo DNI y comenzar a revertir el daño. Mientras tanto, debe lidiar con el bloqueo de cuentas, la pérdida de crédito y la desconfianza: “No me fía ni el kiosquero de la esquina”, resume con ironía.
El caso Tandil, que disparó la causa judicial, fue descubierto por un vecino que notó una deuda inesperada por $11.412.000. La Justicia comprobó que la foto del nuevo DNI no coincidía con la del titular original. Mediante reconocimiento facial, se identificó al impostor como Marcos Esteban Vallejo, también de Chimbas. Él y otros dos hombres, Rodrigo Navarro Pozo y su padre Rolando Javier “El Narigón” Navarro Saide (preso por otras estafas), habrían actuado junto a la funcionaria Castillo para falsificar identidades y obtener créditos ilegales.
Fuente y foto: Infobae
