La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo en Buenos Aires a un abogado señalado por brindar su teléfono celular a más de quince internos de los penales de Ezeiza y Marcos Paz, para que planificaran y ordenaran delitos desde prisión a cambio de pagos en dólares.
La investigación comenzó tras una denuncia del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que alertó sobre diálogos entre reclusos relacionados con posibles atentados contra funcionarios judiciales y penitenciarios. La Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) instruyó a la Dirección General de Operación Antidrogas Hidrovía del Paraná y a la División Antidrogas Rosario de la PFA para llevar adelante tareas de inteligencia.
Según la pesquisa, el abogado no solo ejercía su rol de defensor, sino que utilizaba su condición para ingresar con libertad de tiempo y articular comunicaciones hacia el exterior del penal. Allí recibía instrucciones de cabecillas narcos, las transmitía y gestionaba encargos a cambio de dinero.
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Con pruebas reunidas, el Juzgado Federal de Garantías N°1 de Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros, ordenó allanamientos en los complejos de Ezeiza y Marcos Paz, además de domicilios en la Ciudad de Buenos Aires, Ezeiza, Isidro Casanova y Rafael Calzada.
La detención se concretó cuando el abogado salía del penal de Ezeiza tras reunirse con César Morán de la Cruz, alias “Loco César”, un reconocido narcotraficante de la Villa 31. En su poder se incautaron cartas dirigidas a su organización, teléfonos celulares, credenciales, un auto y dinero en efectivo. Además, en los procedimientos se secuestraron armas de fuego, cocaína, municiones y dispositivos electrónicos.
El acusado quedó a disposición de la Justicia por los delitos de asociación ilícita, encubrimiento agravado y confabulación.
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