Este domingo, el diario Jornada reveló que se detuvo en las últimas horas en Miami al exteniente de la Marina Roberto Guillermo Bravo, acusado de ser el último “fusilador” que se encontraba sin haber sido juzgado por la masacre de Trelew.
La Justicia Federal de Rawson lo acusa de “privación ilegítima de la libertad, torturas y homicidios agravados”, por los hechos ocurridos en agosto de 1972, primero en la unidad 6 de Rawson, y luego en Trelew, en el antiguo aeropuerto y la base Almirante Zar.
Pese a la acusación, el ex miembro de las fuerzas armadas nunca fue juzgado ya que se radicó en los Estados Unidos y desde el país norteamericano no se otorgó la extradición.
Por lo indicado este domingo, Bravo fue detenido a más de 40 años de los delitos en Miami, donde se radicó u se convirtió en empresario. La notificación al Juzgado a cargo de Hugo Sastre fue enviada por Interpol Argentina. Sastre tiene a cargo el caso desde 2006.
La causa se había reabierto hace más de una década por el pedido de los familiares de las víctimas, tras conseguir que el hecho sea calificado como delito de lesa humanidad, marcando la imprescriptibilidad de los mismos.
Precisamente, a partir de esta decisión, se detuvo al excontraalmirante Horacio Mayorga; a Roberto Horacio Paccagnini, jefe de la Base Zar en el momento del hecho; al excapitán Jorge Del Real; al excapitán Luis Sosa; el excabo Carlos Marandino; y al excapitán de Navío Jorge Enrique Bautista.
Sin embargo, Bravo era el único implicado en la Masacre que no había sido juzgado por los hechos.
Respecto a su situación, la extradición la había solicitado el Juez Sastre hace 11 años pero la administración estadounidense rechazó el pedido. En febrero de 2010, Bravo había sido detenido y quedó en libertad dos meses después tras pagar una fianza de más de 1 millón de dólares.
Por lo que se reconstruyó, tras el asesinato de los 16 presos políticos, Bravo fue enviado a por la Armada a la Embajada argentina en Washington, donde ya no regresó. La nacionalidad norteamericana la obtuvo en 1983.
Fuente: Diario Jornada
