La justicia francesa condenó este martes a diez personas por integrar una red que proporcionaba documentos falsos a migrantes de Colombia, Ecuador y Venezuela para que trabajaran en haciendas agrícolas del suroeste de Francia. Las penas alcanzan hasta cinco años de prisión y multas significativas.
La cabeza de la organización, una mujer ecuatoriana de 53 años, recibió la mayor condena: cinco años de cárcel, 15.000 euros de multa y la prohibición de ingresar nuevamente a Francia. Los otros condenados recibieron entre uno y cuatro años de prisión. La investigación no detectó responsabilidad penal entre los empleadores de los trabajadores.
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El sistema de falsificación era complejo: además de vender documentos fraudulentos, la red alquilaba documentos auténticos por 1.000 euros y cobraba 250 euros mensuales, obligando a los migrantes a costear también alojamiento, líneas telefónicas y cuentas bancarias. La fiscalía calificó esta operación como un “tráfico de migrantes low cost”.
El caso se originó en 2023 cuando la policía francesa detectó irregularidades en documentos de identidad españoles presentados por jornaleros. La investigación contó con la colaboración de España, Colombia y Europol, lo que permitió desmantelar la organización y esclarecer el funcionamiento de esta red.
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Miles de trabajadores migrantes se vieron afectados por esta trama, que explotaba su necesidad de empleo y vulnerabilidad. La condena busca enviar un mensaje de tolerancia cero hacia la falsificación de documentos y el tráfico de personas en el ámbito laboral agrícola europeo.
Fuente: AFP.
