La Comisión de Salud y Acción Social de la Cámara de Diputados emitió por unanimidad un dictamen para crear un Sistema Nacional de Alerta y Trazabilidad de Eventos Críticos en Salud, con especial atención sobre medicamentos de alto riesgo. La iniciativa reunió las 33 firmas de los integrantes de la comisión y tiene como autora principal a la diputada Silvana Giudici.
El proyecto establece la trazabilidad obligatoria y en tiempo real de medicamentos inyectables parenterales y sus materias primas, desde las etapas de importación, producción y distribución hasta la administración al paciente. La propuesta también contempla la notificación inmediata de eventos adversos graves y brotes infecciosos intrahospitalarios que puedan representar un riesgo para la salud pública.
La iniciativa contempla además la creación de un Protocolo de Eventos Críticos de Salud, que se activaría ante sospechas de contaminación o eventos adversos. Según el proyecto, las autoridades nacionales, provinciales y la ANMAT deberán ser notificadas en simultáneo dentro de las 24 horas para avanzar con las medidas correspondientes.
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Otro de los puntos centrales es la creación del Sistema Nacional de Alerta y Trazabilidad de Eventos Críticos en Salud (SNATECS), bajo la órbita de la ANMAT. El mecanismo permitiría emitir alertas a nivel nacional y disponer el bloqueo preventivo de lotes sospechosos en un plazo máximo de seis horas.
El debate se originó a partir de la crisis sanitaria vinculada con el fentanilo contaminado producido por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, que derivó en una investigación y en la creación de una comisión especial en Diputados. Giudici sostuvo que el nuevo sistema permitirá que los medicamentos de alto riesgo dejen una huella trazable y verificable durante todo su recorrido.
Durante el debate también hubo cuestionamientos. El diputado Pablo Yedlin consideró que el proyecto avanza en una dirección adecuada, pero planteó dificultades para su aplicación en las condiciones actuales de la ANMAT. En particular, señaló la falta de inspectores y de equipamiento informático como obstáculos para implementar las nuevas obligaciones.
