La Cámara de Diputados comenzará el miércoles 30 de septiembre el tratamiento del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional enviado por el Gobierno, que incluye nuevas sanciones para quienes exploten recursos naturales en las Islas Malvinas y sus espacios marítimos e insulares sin autorización argentina. La iniciativa ingresó al Congreso el 17 de septiembre.
El primer encuentro será a las 12 y tendrá carácter informativo. Participarán las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, que analizarán el texto de 133 artículos. El cronograma oficialista contempla avanzar posteriormente con la firma de dictámenes.
Según el esquema previsto por el oficialismo, el martes 6 de octubre se buscará cerrar el debate en comisiones y emitir los dictámenes. La intención es llevar el proyecto al recinto el miércoles 7 de octubre, aunque ese calendario dependerá del desarrollo de las reuniones y de los acuerdos parlamentarios.
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El proyecto establece que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes integran el territorio nacional, y fija como objetivo permanente la recuperación y el ejercicio pleno de la soberanía argentina. El Gobierno presentó la iniciativa como una herramienta para sancionar la explotación no autorizada de recursos naturales.
Entre las modificaciones previstas se encuentra la ampliación del régimen de sanciones para personas y empresas que desarrollen determinadas actividades sin autorización. Además, el texto crea un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente, y propone cambios en normas vinculadas con defensa, inteligencia y otras áreas relacionadas con la seguridad nacional.
El proyecto también recibió cuestionamientos de sectores opositores y de organizaciones vinculadas al ámbito jurídico. El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal planteó reparos sobre la amplitud y precisión de algunas disposiciones y advirtió sobre la necesidad de preservar principios constitucionales como la libertad de expresión, el debido proceso y el principio de legalidad.
