El Gobierno nacional estudia implementar una medida para el sector de discapacidad si la Cámara de Diputados ratifica los vetos presidenciales sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad y el aumento de jubilaciones. La sesión legislativa está prevista para este miércoles y se perfila como un escenario de tensión política en la antesala de la campaña electoral.
Fuentes del Ejecutivo indicaron que la medida en análisis podría ser una actualización parcial del nomenclador para prestaciones de discapacidad, más económica que incrementar jubilaciones o aprobar medidas previsionales, buscando así compensar el rechazo de iniciativas sensibles sin afectar las cuentas públicas de manera significativa.
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La aprobación o ratificación de los vetos dependerá del quórum y del número de votos de bloques opositores. Aunque se espera que algunos legisladores clave acompañen al oficialismo, se necesitan dos tercios de los presentes para insistir con una ley vetada, por lo que Milei mantiene ventajas en el control de sus vetos desde hace casi dos años.
El debate se produce en un contexto de ajuste fiscal: las jubilaciones mínimas en términos reales continúan por debajo de 2023, y el nomenclador del sector discapacidad no se actualiza desde diciembre de 2024. La medida que estudia el Gobierno busca generar un impacto positivo simbólico sin comprometer las metas fiscales, mientras se intenta calmar la presión de los colectivos de discapacidad.
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En paralelo, la estrategia oficial busca asegurar la calma de los mercados y evitar conflictos políticos que podrían complicar la campaña electoral. Aunque aún no hay confirmación formal sobre el monto o alcance de la medida, el Ejecutivo anticipa que la decisión final se tomará tras conocerse el resultado de la votación en Diputados.
Fuente: Infobae.
