Personas con discapacidad, familiares y prestadores se movilizaron este miércoles para exigir la prórroga y el cumplimiento efectivo de la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad. Desde Puerto Madryn, organizaciones y familias visibilizaron las dificultades que atraviesan para acceder a prestaciones, tratamientos y otros derechos básicos.
En Puerto Madryn, las organizaciones Aprende a Volar, EDDIM, Cultivando Sueños y CERELADI, junto con personas con discapacidad y sus familias, acompañaron el reclamo y plantearon las dificultades que deben afrontar diariamente.
Yanina Navarro, familiar de una persona con discapacidad, sostuvo que uno de los principales pedidos es que la emergencia se extienda por un año y que las medidas previstas puedan aplicarse efectivamente.
“Necesitamos que la ley siga por un año más. Está aprobada, pero no se está poniendo en práctica”, afirmó.
Navarro señaló que las familias encuentran numerosas trabas para acceder a prestaciones y cuestionó las dificultades que existen con obras sociales y empresas de medicina prepaga.
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Según explicó, esta situación impacta directamente en el acceso a tratamientos y servicios indispensables para garantizar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
“Nos están negando un derecho de salud, un derecho que es fundamental para garantizar la calidad de vida de cada una de las personas con discapacidad”, expresó.
La familiar también advirtió sobre el retroceso que, según plantean las familias, se viene produciendo en materia de derechos.
“Cada vez tenés que pelear más, cada vez tenés que hacerte amiga del recurso de amparo y no es así”, sostuvo.
En ese sentido, reclamó que los derechos establecidos por ley puedan garantizarse sin que las familias tengan que recurrir permanentemente a la Justicia.
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“No tenemos que enamorarnos del recurso de amparo. Tenemos una ley que nos garantiza los derechos de nuestros hijos y nuestros familiares”, remarcó.
Verónica Peinipil, también familiar de una persona con discapacidad, describió las dificultades que enfrentan las familias para sostener tratamientos y prestaciones ante los recortes y demoras en las coberturas.
“Muchas mamás, como yo, hacemos rifas, juntamos dinero de donde podemos para poder pagar tratamientos, movilidad y todo lo que necesitamos para nuestros hijos”, explicó.
La situación, señaló, no afecta solamente a una prestación específica, sino que alcanza diferentes áreas vinculadas con la vida cotidiana de las personas con discapacidad, entre ellas medicamentos, transporte, movilidad y terapias.
Peinipil también hizo referencia a las dificultades que atraviesan los profesionales que brindan las prestaciones, debido a demoras en los pagos y a la falta de actualización de los valores establecidos para los servicios.
“Se van acentuando todos los recortes”, afirmó.
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Las familias sostienen que el reclamo implica volver a poner en agenda derechos que consideran fundamentales y que deberían estar garantizados por la legislación vigente.
Para quienes atraviesan esta situación desde hace años, el desgaste es permanente y las dificultades se acumulan con el paso del tiempo.
Peinipil relató su experiencia personal y explicó que lleva más de dos décadas acompañando a su hijo en la búsqueda de tratamientos, prestaciones y recursos.
“Tomás ya tiene 24 años y yo desde que él nació estoy remando todos los días, viendo cómo hacer, dónde consigo cosas”, expresó.





