El presidente de Ecuador, el derechista Guillermo Lasso, se libró de ser destituido por el Congreso, horas después de haber suspendido negociaciones con el máximo líder indígena para poner fin a más de dos semanas de protestas por el costo de la vida.
Una moción para cesarlo de cargo, por causal constitucional de «grave crisis política y conmoción interna», reunió anoche 80 de los 92 votos necesarios en la Asamblea Nacional, el Parlamento unicameral de Ecuador.
Defendimos la democracia y ahora debemos recuperar la paz. Pese a los intentos golpistas, hoy prevaleció la institucionalidad del país. Queda en evidencia quiénes trabajan para las mafias políticas. Mientras tanto, nosotros seguimos trabajando por el Ecuador.
— Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) June 29, 2022
«Defendimos la democracia y ahora debemos recuperar la paz», expresó Lasso tras la votación. El Congreso discutía desde el sábado el pedido de remoción planteado por el partido opositor Unión por la Esperanza (Unes), el principal con 47 escaños y afín al expresidente Rafael Correa (2007-2017).
«Pese a los intentos golpistas, hoy prevaleció la institucionalidad del país. Queda en evidencia quiénes trabajan para las mafias políticas», dijo Lasso.
«Mientras tanto, nosotros seguimos trabajando por el Ecuador», agregó el mandatario, un exbanquero de 66 años, informó la agencia de noticias AFP.
Horas antes, el gobernante suspendió las negociaciones que el Ejecutivo entabló el lunes con el titular de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Leonidas Iza, que impulsa las manifestaciones por tiempo indefinido.
Lasso tomó la decisión luego de que un soldado murió y otros 12 uniformados quedaron heridos en un ataque de manifestantes contra militares en la Amazonia.
En una alocución, el jefe de Estado señaló que Iza defiende solo «sus intereses políticos» y enfatizó que «no vamos a negociar con quienes mantienen a Ecuador como rehén».
La Conaie lo acusó a su vez de «autoritarismo, falta de voluntad e incapacidad» y dijo que deberá responder por «las consecuencias de su política belicista».
El secretario de la OEA, Luis Almagro, afirmó por Twitter que la «protesta debe ser pacífica y democrática (…) Desestabilización violenta de un gobierno democrático es siempre repudiable».
Un primer cara a cara entre la Conaie y una delegación del Ejecutivo, encabezada por el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, tuvo lugar durante más de seis horas el lunes pasado en un intento por distender la crisis.
Pero el segundo día de conversaciones fracasó ayer cuando la representación oficial no se presentó en respuesta al ataque.
«Ustedes merecen más que un oportunista como líder (…) Es un acto criminal jugar con la vida de inocentes. El país ha sido testigo de todos los esfuerzos que hemos hecho para entablar un diálogo fructífero y sincero», dijo Lasso, en el poder hace un año.
El titular de la Conaie reconoció que la negociación está en un «punto muerto» pero se mostró abierto a continuar dialogando.
«¿Por qué retroceder si es que ya se ha avanzado bastante?», expresó. Tras la suspensión de las negociaciones en la Basílica del Voto Nacional de Quito, centenares de indígenas volvieron a la carga en Quito. En grupos se movilizaron por las calles y a su paso los comercios cerraron.
En la noche, manifestantes protagonizaron choques con la fuerza pública en el norte de la capital, siendo incendiadas dos estaciones policiales.
«No se entiende la irracionalidad y la falta de razonabilidad en la protesta. Ecuador necesita Paz», manifestó por Twitter el ministro del Interior, Patricio Carrillo.
El elevado costo de vida alimentado por el incremento de precios de combustibles empujó desde el 13 de junio a salir de sus comunidades a miles de manifestantes, la mayoría en Quito.
Los manifestantes exigen medidas que amortigüen el golpe económico en la producción agrícola.
Con marchas, cortes de ruta y violentos enfrentamientos con la fuerza pública, los indígenas presionan al impopular Lasso, que arrastra un 17% de aceptación pero tiene el apoyo militar.
El gobernante ha dictado compensaciones, que los nativos consideran insuficientes. Redujo precios de combustibles, aunque no en la proporción que pide la Conaie; concedió una moratoria de deudas hasta por 3.000 dólares para campesinos y levantó el estado de excepción, bajo el cual los militares salieron de los cuarteles en seis de las 24 provincias del país y se impuso un toque de queda en Quito.
Las protestas dejan en total seis muertos -incluidos cinco manifestantes-, más de 600 heridos, entre agentes y civiles, y unos 150 detenidos, según diversas fuentes.
