El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, extendió hoy el estado de excepción que rige en el país desde el pasado 18 de octubre por un plazo de 30 días en nueve de las provincias ecuatorianas, a causa del narcotráfico, según se informó oficialmente.
«La declaratoria del estado de excepción tiene como finalidad precautelar los derechos de las personas en Ecuador; así como controlar las circunstancias de inseguridad que se han generado, restablecer la convivencia pacífica y el orden público», señala un comunicado oficial reproducido parcialmente por la agencia de noticias Europa Press.
En consecuencia, de las 24 provincias que integran Ecuador, el presidente Lasso renovó el estado de excepción en nueve de ellas: El Oro, Guayas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha y Sucumbíos.
COMUNICADO OFICIAL | El presidente @LassoGuillermo, mediante Decreto Ejecutivo N. ° 257, renovó el estado de excepción declarado el pasado 18 de octubre de 2021, por un plazo de 30 días más. pic.twitter.com/kwY6jpzvRw
— Presidencia ECU (@Presidencia_Ec) November 19, 2021
En base a esta medida, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están habilitadas para llevar a cabo controles de armas, inspecciones, patrullajes durante las 24 horas del día y requisas de droga, entre otras acciones.
Horas antes, el portavoz de la Presidencia, Carlos Jijón, había anunciado que el Gobierno se encontraba «evaluando» extender el estado de excepción.
El primer decreto en estos términos se aplicó el 18 de octubre. En un principio, estaba previsto que la medida se prolongara durante 60 días, sin embargo, el Tribunal Constitucional de Ecuador dispuso la reducción de la duración del estado de excepción a la mitad, 30 días.
«Por no haberse justificado la duración de 60 días, el ámbito temporal del referido decreto y la medida de movilización de las Fuerzas Armadas, se limitará a 30 días contados desde su expedición», indicó el Constitucional en su resolución.
La secretaría de Comunicación agregó que la medida pretende «controlar las circunstancias de inseguridad que se han generado» y «restablecer la convivencia pacífica y el orden público».
La violencia entre rivales vinculados al narcotráfico también llegó a las cárceles. La semana pasada una masacre dejó 62 muertos en una cárcel de Guayaquil, la misma donde en septiembre 119 personas fallecieron durante una revuelta, considerada una de las peores matanzas carcelarias en Latinoamérica.
