Estados Unidos canceló este lunes las visas de 27 funcionarios, exfuncionarios y familiares de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, a quienes la administración de Donald Trump acusa de corrupción, vínculos con el narcotráfico o de acciones destinadas a obstaculizar a gobiernos elegidos democráticamente. La medida fue anunciada por el Departamento de Estado y no alcanza a ciudadanos argentinos.
Entre los afectados se encuentra el fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, además de más de 20 fiscales y jueces bolivianos. La lista también incluye a un empresario y una legisladora de Colombia, dos funcionarios de Ecuador y un juez peruano. Según Washington, algunos ya tenían visas vigentes y otros quedarán impedidos de obtenerlas si las solicitan.
El Departamento de Estado justificó la decisión como parte de los compromisos asumidos dentro de la alianza “Escudo de las Américas”, una iniciativa impulsada por Trump para profundizar la cooperación regional frente al narcotráfico y otras amenazas. Washington sostuvo que busca defender el funcionamiento de gobiernos democráticamente elegidos frente a prácticas de corrupción y narcotráfico.
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En el caso de Bolivia, Estados Unidos señaló específicamente a Mariaca y lo acusó de utilizar su cargo para solicitar y aceptar sobornos destinados a facilitar actividades vinculadas al narcotráfico y de favorecer a personas involucradas en delitos violentos. El funcionario no había respondido públicamente a esas acusaciones al momento de la difusión de la medida.
La decisión alcanza también a países que mantienen una estrecha cooperación con Washington en materia de seguridad. El secretario de Estado, Marco Rubio, visitó Colombia, Ecuador y Perú durante septiembre y expresó allí el respaldo estadounidense a las políticas contra el narcotráfico y la trata de personas. Los cuatro países forman parte del denominado “Escudo de las Américas”.
Según el gobierno estadounidense, las restricciones forman parte de una política más amplia para utilizar las medidas migratorias y de visado como herramienta contra funcionarios extranjeros señalados por corrupción, narcotráfico u otras acciones consideradas contrarias a los gobiernos democráticamente electos. La decisión fue anunciada mientras Washington profundiza su agenda de seguridad y cooperación regional.
