Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, más de 25.000 personas fueron deportadas desde Estados Unidos hacia terceros países, en muchos casos sin vínculos con esos destinos. Una investigación de RFI, realizada junto a un consorcio de 24 medios coordinado por Forbidden Stories, documentó que al menos 12 países africanos recibieron personas expulsadas por la administración estadounidense.
El mecanismo alcanza a migrantes que, por distintas razones, no pueden ser enviados directamente a sus países de origen. Entre los casos investigados aparecen iraníes enviados a la República Centroafricana, ciudadanos de Sierra Leona trasladados a Ghana y guineanos enviados inicialmente a ese mismo país. Algunos permanecieron detenidos o bajo vigilancia y otros fueron posteriormente trasladados a sus países de origen.
La investigación documentó el caso de Nika, una mujer iraní de 32 años que tenía protección judicial contra su expulsión a Irán. Tras permanecer detenida durante 14 meses, fue liberada y volvió a ser detenida por ICE apenas 12 días después. El 12 de junio de 2026 fue trasladada a la República Centroafricana en un vuelo de expulsión, sin conocer su destino hasta pocas horas antes.
MIRÁ TAMBIÉN: Francia: el aumento del combustible genera temor por un regreso de los “chalecos amarillos”
Otro caso es el de Rabbiatu Kuyateh, una enfermera de Sierra Leona de 58 años que había vivido casi tres décadas en Estados Unidos. Tras ser enviada a Ghana, agentes de inmigración de ese país intentaron trasladarla a Sierra Leona pese a que contaba con protección estadounidense contra esa deportación. La investigación señala que finalmente fue trasladada por la fuerza y que actualmente vive separada de su familia.
La práctica también derivó en casos de devolución en cadena. Mohammed, un ciudadano guineano de 23 años que había recibido protección para no ser enviado a Guinea, fue deportado desde Estados Unidos a Ghana y permaneció allí apenas 48 horas antes de ser trasladado a Conakry. Tras ser detenido nuevamente en Guinea, logró salir de prisión y actualmente vive en un país vecino, según la investigación.
El gobierno estadounidense sostiene que utiliza medios legales para expulsar a quienes no tienen derecho a permanecer en el país, mientras organizaciones de derechos humanos y abogados cuestionan si estas deportaciones permiten eludir obligaciones internacionales de no devolución. La investigación también documentó personas detenidas durante meses en terceros países y acuerdos que establecen garantías sobre sus derechos cuya aplicación, en algunos casos, no habría sido verificada.
FUENTE: RFI.FR
