Un informe de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE revela que miles de mujeres que huyeron de la invasión rusa continúan expuestas a abusos, explotación laboral y acoso en los países europeos que les brindaron protección temporal.
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A cuatro años del inicio de la invasión rusa a Ucrania, un nuevo informe de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) expone una realidad alarmante: el 25% de las mujeres que escaparon del conflicto asegura haber sufrido violencia física o sexual, ya sea en territorio ucraniano, durante el trayecto de huida o incluso en los países de acogida de la Unión Europea.
Desde el 24 de febrero de 2022, alrededor de 2,5 millones de mujeres y niñas ucranianas recibieron protección temporal en distintos Estados miembros de la UE, con acceso a residencia legal y posibilidad de empleo. Sin embargo, la investigación advierte que la llegada a Europa no significó el fin de la vulnerabilidad. “Buscar refugio en Europa debería haberles brindado consuelo, pero muchas mujeres sufren graves violaciones y se sienten inseguras”, sostuvo la directora de la FRA, Sirpa Rautio.
El estudio se basa en 1.223 entrevistas realizadas entre marzo y junio de 2024 en Alemania, República Checa y Polonia, los principales destinos de las refugiadas de guerra. Los testimonios recogidos describen detenciones arbitrarias, humillaciones físicas y sexuales en zonas ocupadas por tropas rusas y múltiples situaciones de abuso en el exilio. De las mujeres que reportaron violencia física o sexual, el 62% afirmó que los hechos ocurrieron en el país de refugio.
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La violencia no se limita al ámbito físico. El informe detalla que el 51% de las encuestadas sufrió acoso sexual desde el inicio de la guerra y el 23% fue víctima de ciberacoso. Además, más de la mitad denunció agresiones verbales o físicas en espacios públicos por hablar ucraniano. Estas experiencias tienen un fuerte impacto psicológico: el 88% manifestó secuelas emocionales duraderas, como ansiedad, sensación de vulnerabilidad y pérdida de confianza.
En paralelo, la investigación revela riesgos de explotación laboral y trata de personas. Una de cada cuatro mujeres recibió ofertas potencialmente abusivas de empleo, alojamiento o transporte. Algunas propuestas incluían insinuaciones de favores sexuales o amenazas vinculadas a la documentación migratoria. Entre quienes lograron insertarse en el mercado laboral, muchas trabajaron sin contrato formal o con salarios insuficientes.
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Pese a la gravedad de los hechos, apenas el 3% de las víctimas acudió a la Policía. Entre los motivos para no denunciar figuran la percepción de que el hecho “no era lo suficientemente grave”, la desconfianza en las autoridades y el desconocimiento de los recursos disponibles. A esto se suman barreras idiomáticas, dificultades económicas y problemas de acceso a servicios esenciales como salud mental y atención reproductiva.
Ante este escenario, la FRA instó a los Estados miembros a reforzar la protección frente a la violencia de género, garantizar el acceso efectivo a la justicia y fortalecer las inspecciones laborales para prevenir la explotación. El organismo también remarcó la necesidad de asegurar que las mujeres desplazadas puedan reconstruir sus vidas con seguridad y dignidad, incluso una vez finalizado el régimen de protección temporal.
Fuente y foto: EFE
