El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador dictó penas históricas contra miembros de la facción Revolucionarios del Barrio 18 por asesinatos, extorsión y trata. Ocho imputados permanecen prófugos.
MIRÁ TAMBIÉN | Confirman 15 muertos tras la caída de un helicóptero militar en Perú
Un total de 59 integrantes del Barrio 18, facción Revolucionarios, fueron condenados a penas individuales de hasta 597 años de prisión por delitos cometidos entre 2018 y 2021 en San Salvador, informó la Fiscalía General de la República (FGR). Las sentencias incluyen homicidios agravados, tráfico de personas, extorsión y agrupaciones ilícitas, en uno de los fallos más severos dictados en el marco de la ofensiva estatal contra las pandillas.
De acuerdo con la acusación, cada imputado recibió una pena acorde a su grado de participación en los crímenes, entre los que se contabilizan al menos ocho homicidios agravados. Entre las condenas más altas figura la de Mario Josué Anzora Ramírez, sentenciado a 597 años por seis homicidios agravados, y la de Denis Raúl Martínez Arias, quien recibió 415 años por cinco asesinatos y otros delitos conexos.
El proceso fue resuelto por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, aunque la Fiscalía no detalló si se aplicó el modelo de audiencia única abierta, mecanismo habilitado para realizar juicios masivos contra presuntos pandilleros. Desde 2023, El Salvador permite este tipo de procesos colectivos en el contexto del régimen de excepción vigente.
MIRÁ TAMBIÉN | Ferrea fue reelecto como presidente de la Confederación Argentina de Handball
Según la FGR, dentro del expediente se incluyeron casos de extrema violencia, como el asesinato con ensañamiento de dos mujeres ocurrido en 2018 y 2019. Además, la estructura criminal operaba una red de tráfico de personas: captaba víctimas con la promesa de trasladarlas hacia Estados Unidos y les exigía pagos que oscilaban entre 10.000 y 13.000 dólares.
De los 59 condenados, ocho permanecen en condición de rebeldía, es decir, prófugos de la justicia. El resto recibió penas diferenciadas por delitos como extorsión agravada y participación en organizaciones ilícitas, en una causa que refuerza la política de endurecimiento penal impulsada por el Ejecutivo.
MIRÁ TAMBIÉN | Exembajador británico fue detenido por vinculaciones en el caso Epstein
El régimen de excepción, implementado por el presidente Nayib Bukele, habilitó la suspensión de garantías constitucionales para combatir a las pandillas. La medida ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos, que denuncian detenciones arbitrarias y vulneraciones al debido proceso. No obstante, el Gobierno sostiene que la estrategia ha reducido drásticamente los índices de homicidios y consolidado altos niveles de aprobación popular, lo que permitió la reelección inmediata de Bukele para un segundo mandato pese a las restricciones constitucionales previas.
El fallo contra los miembros del Barrio 18 se inscribe en este contexto de juicios masivos y endurecimiento de penas, en una ofensiva judicial que busca desarticular estructuras criminales históricas en el país centroamericano.
Fuente y foto: EFE
