El mercado inmobiliario atraviesa una etapa de cambios profundos y septiembre traerá una novedad clave para los inquilinos aún alcanzados por la extinta Ley de Alquileres de 2020. Los contratos vigentes se actualizarán con un índice del 50,36%, el porcentaje más bajo en casi cuatro años y muy distante de los incrementos superiores al 200% que se registraron a comienzos de 2024.
Para encontrar un ajuste similar hay que retroceder hasta noviembre de 2021, cuando el Índice de Contratos de Locación (ICL) marcó un 49,53%. Desde entonces, las subas se mantuvieron muy por encima de ese nivel. La caída actual refleja el derrumbe del índice que, según especialistas, se redujo más de 140% desde enero de 2025.
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En la práctica, una familia que pagaba $400.000 mensuales por un departamento de tres ambientes pasará a abonar $601.440 a partir de septiembre y hasta agosto de 2026. Si bien representa una mejora respecto a los picos inflacionarios pasados, el impacto sigue siendo fuerte para bolsillos ajustados por expensas que en muchos casos duplican los valores habituales.
La derogación de la ley y el decreto 70/2023 generaron un cambio de escenario. Hoy la oferta en CABA creció de menos de 500 propiedades en diciembre de 2023 a casi 20.000, lo que abrió la competencia y habilitó renegociaciones, bonificaciones e incluso contratos con ajustes trimestrales o cuatrimestrales. En paralelo, los inquilinos tienen más margen para elegir y negociar condiciones.
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De cara a 2026, cuando finalicen los últimos contratos bajo la normativa derogada, el mercado ingresará en una nueva fase dominada por acuerdos cortos y flexibles. Sin embargo, persiste un problema de fondo: el poder adquisitivo de las familias y el peso de las expensas, que pueden representar hasta el 50% del alquiler, siguen siendo los principales obstáculos para acceder a una vivienda digna.
Fuente: ámbito financiero.
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