Un informe de ASIPI advierte que el mercado ilícito ya representa cerca del 5% del PBI y podría seguir creciendo. Alimentos, cigarrillos, ropa y autopartes encabezan los sectores más afectados.
El comercio ilícito en la Argentina ya representa cerca del 5% del Producto Bruto Interno (PBI) y se convirtió en una estructura económica de enorme dimensión, con impacto directo sobre la recaudación, el empleo formal y las inversiones. La estimación surge de un estudio elaborado por la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI), que analizó el avance de la falsificación y el contrabando en distintos países de América Latina.
Tomando como referencia el PBI informado por el Banco Mundial, el mercado ilegal argentino movería alrededor de u$s32.000 millones por año. El estudio advirtió además que esa participación podría seguir creciendo y llegar al 5,22% del PBI hacia 2028.
El fenómeno responde a una combinación de factores. La inflación y la inestabilidad cambiaria ampliaron la diferencia entre los precios del circuito formal y las alternativas ilegales. La carga impositiva también tiene fuerte incidencia, especialmente en bebidas alcohólicas y tabaco, donde los impuestos pueden representar hasta el 80% del precio final: en el caso de los cigarrillos, algunos productos cuestan en Argentina hasta tres veces más que en Paraguay. A eso se suma que el 46,5% de los trabajadores se desempeña en la informalidad, lo que facilita la expansión de circuitos comerciales fuera de los controles tributarios, sanitarios y laborales.
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Los productos ilegales se concentran en artículos de consumo masivo. Alimentos, bebidas, cigarrillos y vestimenta encabezan el listado, seguidos por autopartes, artículos de cuero, cosméticos, medicamentos, juguetes y bebidas sin alcohol. Algunos de estos productos representan además un riesgo para los consumidores, ya que se comercializan sin controles sobre su composición o fabricación.
La Argentina ocupa el puesto 94 entre 125 países en el Índice Internacional de Derechos de Propiedad, y apenas el 8% de los ciudadanos manifiesta confianza en la Justicia. «Las industrias más afectadas son aquellas en las que las marcas tienen mayor fuerza y donde la diferencia de precio entre un producto ilegal y uno legal es abismal», explicó el titular de ASIPI. «Es un robo que la gente realiza de forma socialmente aceptada», agregó.
ASIPI recomendó fortalecer los controles aduaneros, mejorar los sistemas de trazabilidad de las mercaderías y garantizar una aplicación efectiva de las normas vinculadas con la propiedad intelectual. La digitalización sin controles suficientes, la debilidad de los sistemas judiciales y la desigualdad social fueron identificados como los tres factores que favorecen la expansión del fenómeno en toda la región.
Con información de Ámbito.
