El Comité Nacional del Paro (CNP) de Colombia dio este martes un paso en el marco de las negociaciones con el Gobierno al levantar unos 40 «puntos de resistencia» o bloqueos como «demostración de voluntad», pero denunció a última hora que el Gobierno de Iván Duque “presentó un nuevo documento sobre garantías que deshace el preacuerdo logrado el pasado 24 de mayo e insiste en militarizar las protestas”.
“El partido de gobierno está dedicado a bloquear, a impedir que se llegue a acuerdos. Lo hizo con el acuerdo logrado en Buenaventura, lo pretende hacer con el acuerdo logrado en Cali y lo está haciendo con el preacuerdo logrado con el Comité Nacional de Paro. Y el gobierno nacional sigue al pie de la letra sus instrucciones”, advirtió el CNP.
Los conceptos están contenidos en un comunicado que el Comité emitió a última hora tras una reunión prolongada con el Gobierno, y pese a su expectativa de que el anuncio de promover el levantamiento de varios bloqueos pudiera destrabar las conversaciones.
El 24 de mayo las partes habían quedado muy cerca de firmar un entendimiento sobre las garantías para las protestas, que ahora parece otra vez lejano.
«Hemos avalado que se avance en un diálogo para suspender o distender los cortes de ruta o concentraciones en el nivel territorial, y se están reduciendo. En ningún momento como resultado de la militarización o la fuerza de la policía», explicó al mediodía a la agencia Télam el titular de la CGT, Percy Oyola, uno de los principales negociadores.
En la misma línea, otro integrante del colectivo, el titular de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), Nelson Alarcón, reivindicó la decisión del «desescalonamiento» de los cortes, como una demostración más de la voluntad» del CNP para buscarle «una solución negociada y concertada a este paro nacional».
La decisión, un tanto sorpresiva porque hasta el domingo el Comité defendía los cortes como una expresión posible de la protesta, se conoció ya con la reunión en marcha de las partes, que hace semanas buscan un acuerdo en torno a las garantías para las movilizaciones para, recién entonces, abrir el debate sobre el pliego de demandas.
Acerca del número de cortes levantados había versiones encontradas, según cada medio que se consultara, pero todos hablaban de una reducción notoria de los bloqueos, aún en las zonas más complejas, como Bogotá, los alrededores de Cali y Medellín.
La medida también fue saludada por monseñor Héctor Fabio Henao, uno de los mediadores de los diálogos -junto al jefe de la Misión de la ONU en el país, Carlos Ruiz Massieu- que destacó la «perspectiva importante de que se van dando pasos significativos».
Aunque el anuncio era clave, porque el Gobierno se escudaba en esos bloqueos para posponer el debate de fondo y defender la militarización de muchas regiones -ocho departamentos y 13 ciudades-, las negociaciones no parecieron mejorar, al menos según el CNP.
“El Comité Nacional de Paro apoya y estimula los procesos regionales de diálogo, y los actos unilaterales realizados por las comunidades que han incrementado significativamente la libre movilidad en las carreteras del país. La ONU y la Conferencia Episcopal verificaron una tendencia a la reducción de cortes de vías”, señaló el texto.
El documento, además de ratificar las movilizaciones de mañana, deja otra vez del lado del Ejecutivo la iniciativa, porque le reclama que “reconsidere su posición y suscriba el preacuerdo de garantías del 24 de mayo, basado en la desmilitarización de la protesta, la derogatoria del decreto 575 de 2021 y el cumplimiento de la Constitución, la jurisprudencia, la ley nacional y de los estándares internacionales”.
El decreto 575 es el que dispuso la llamada “asistencia militar” para ocho departamentos y 13 ciudades, e implica que se triplica el número de uniformados en esas regiones.
El Comité deja en claro que espera “una respuesta el próximo jueves”, día acordado para otro encuentro, un día después de las movilizaciones de mañana.
Aún con el anuncio sobre los bloqueos, el secretario general de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (Acrees) y parte del comité, Cristián Serna, expresó que el colectivo no tiene conocimiento de todos los cortes de caminos que se mantienen.
Colombia vive una situación de marcada tensión desde el 28 de abril, cuando comenzó un paro total contra un proyecto de reforma tributaria ya archivado, pero que igual escaló las protestas en las que, según denuncias de organizaciones, se registraron ya más de 60 muertos y cerca de 1.000 heridos, con abusos y excesos policiales.
La cuestión tomó vuelo también porque el fiscal general Francisco Barbosa le pidió por carta al ministro de Defensa, Diego Molano, que «en el menor tiempo posible» le informe de manera detallada sobre qué procesos están en la justicia castrense abiertos a partir de denuncias de abuso policial en el marco de las manifestaciones.
Molano logró esta tarde saltear una moción de censura en la Cámara de Representantes, impulsada por la oposición, que lo acusa de haber dado «tratamiento de guerra» a las protestas, al imponerse la alianza oficialista por 109 a 36 votos, con lo que fue ratificado en el cargo. Ya había fracasado una propuesta similar en el Senado la semana pasada.
