El Congreso de Brasil aprobó hoy una enmienda constitucional que permite al gobierno de Jair Bolsonaro postergar el pago de deudas por juicios contra el Estado para incrementar las ayudas sociales, a menos de un año de las elecciones.
La decisión se da después de varias semanas de intensas negociaciones en ambas cámaras y permite liberar un «espacio fiscal» de unos 62.000 millones de reales (unos 11.000 millones de dólares) para 2022.
Gran parte de ese dinero irá destinado a financiar a partir de este mes el programa social Auxilio Brasil, sustituto del Bolsa Familia creado durante el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), gran favorito para los comicios de octubre de 2022 aun sin haber confirmado oficialmente su candidatura.
El programa de Bolsonaro aumenta la ayuda de un promedio de 217,8 reales a 400 (unos 70 dólares) hasta fines de 2022, y busca ampliar el número de beneficiarios de 14,6 millones a 17 millones en este país de unos 213 millones de habitantes.
La enmienda fue aprobada «con el sentido de urgencia que requiere el combate al hambre y la miseria en nuestro país», dijo el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, tras la promulgación.
Sin embargo, algunos puntos de este Proyecto de Enmienda Constitucional (PEC) no fueron aprobados por falta de consenso entre ambas cámaras, incluyendo un dispositivo para que la ayuda perdure por tiempo indefinida, informó la agencia de noticias AFP.
Estos puntos serán integrados en otra PEC que, de ser aprobada, aumentará el monto total liberado a 108.000 millones de reales (19.500 millones de dólares) para el presupuesto de 2022.
La popularidad de Bolsonaro está en su nivel más bajo desde su llegada al poder en 2019, debido a su caótica gestión de la pandemia, que dejó más de 615.000 muertos, y a la crisis económica asociada a una inflación y desempleo elevados.
La oposición califica de electoral esta maniobra para pagar el Auxilio Brasil.
Según el instituto de estadística oficial, un 24,1% de los brasileños eran pobres en 2020, una cifra que sin los beneficios sociales hubiera llegado a 32,1%.
La PEC también ha generado inquietud en los mercados, porque supone postergar el pago de parte de las deudas judiciales y, en la práctica, superar el límite previsto por la ley de responsabilidad fiscal.
