Este miércoles, el CONICET-CENPAT envió a la Legislatura un extenso informe en el que una Mesa Técnica Oficial integrada por un equipo interdisciplinario de científicos y científicas, designada por el Consejo Directivo, evaluó varios aspectos relacionados al proyecto de “zonificación” (128/20) presentado por el Gobierno provincial.
Si bien previamente el CONICET había recomendado retirar el proyecto y luego rechazó participar de las charlas informativas virtuales oficiales, la convocatoria a sesión extraordinaria por parte del Ejecutivo motivó que la institución-académica científica enviara a la Legislatura un informe con las apreciaciones al respecto, ya que desde la Cámara no han sido convocados.
Megaminería: El CONICET-CENPAT cuestionó el apuro y la falta de debate
En el documento, se hace un repaso de cómo se presentó el documento a la cámara y compara el avance e impulso legislativo que ha tenido el proyecto de “Zonificación” en comparación a la Iniciativa Popular, sobre la que aún no hay mayores avances.
Disponibilidad de agua
El estudio comienza repasando la falta de agua en varias zonas de la provincia, que se suma al proceso de desertificación. En el caso de la meseta, se repasa que allí “se abastecen de perforaciones que captan el agua subterránea de los acuíferos subyacentes, como Gastre, Gan Gan, Yalalaubat, Chacay Oeste, Blancuntre y Lagunita Salada; o bien de pequeñas vertientes que alimentan mallines como Telsen, El Escorial, El Mirasol y Sepaucal”.
Estos lugares, que se “abastecen de recursos superficiales sufren (ya) crisis de abastecimiento, especialmente en verano, ya sea por problemas estructurales, problemas de calidad o por déficit hídrico”.
El Río Chubut abastece a la mitad de la población de Chubut
En este contexto, se remarca que el Río Chubut es uno de los de menor caudal de la Patagonia, que a su vez abastece del recurso a más del 50% de la población sumado a su uso en la producción del Valle. Además remarca que el cambio climático provocará una reducción del caudal en las próximas décadas.
“Sumado a las condiciones de escasez de agua de la región, los escenarios de cambio climático por sí mismos generarán situaciones preocupantes de estrés hídrico en el futuro”, se remarca, señalando que ya “en las últimas décadas se han registrado cambios en las variables climáticas que regulan la disponibilidad de agua dulce en nuestra región”.
Es en este contexto es que toma trascendencia “el hallazgo de grandes reservas de agua subterránea en la Meseta Central. Por ejemplo, la cuenca de Sacanana tiene una reserva del orden de 2 veces la capacidad del Dique Ameghino”.
Sin embargo, “estas reservas no se han explotado para propiciar actividades socio-productivas que permitan impulsar el desarrollo sustentable de la región y mejorar la calidad de vida de sus pobladores”.
También subrayan la falta de intención del Estado en estudiar las reservas ya que “la cuantificación de estas reservas la hizo la empresa minera”, interesada por desarrollar el proyecto Navidad.
“Aunque existen estimaciones de la recarga anual y el balance hídrico para las cuencas de Gastre y Sacanana, estas son preliminares ya que los datos de estaciones hidro-meteorológicas en la zona son escasos y con registros de pocos años”, se subraya.
Es por ello que se subraya la importancia de un “manejo y gestión equitativa de un recurso tan valioso como el agua en contextos de cambio climático, desertificación, expansión de actividades y aumento de la población”.
Asimismo, se enfatiza que “los estudios se deben contemplar de manera holística la compleja realidad social, económica, política y ambiental e incorporar supuestos de anticipación e incertidumbre –sobre todo- aquellas que dependen de recursos escasos y vulnerables como lo son los recursos hídricos”.
Vulnerabilidad Ambiental
Es otro de los apartados del informe en el que se explica el proceso de cambio climático y el aumento de la frecuencia de lluvias extraordinarias, que ocasionan no solo inundaciones, sino también crecidas de ríos y arroyos y principalmente la reactivación causases temporales del Río Chubut, arrastrando sedimentos.
Precisamente, se recuerda que “en los últimos años se registraron varios eventos de este tipo, que afectaron distintas localidades y zonas, entre ellas Trelew (1992); Valle Inferior del Río Chubut (1998); Puerto Madryn (2014, 2016); Comodoro Rivadavia (2011, 2017); Arroyo Verde (2011) y Telsen (2014)”.
A las precipitaciones, se suma el proceso de desertificación que ha reducido la vegetación y hace que “los suelos aumenten su escurrimiento superficial y formen grandes cañadones ante eventos de precipitación de magnitud media a alta”.
“Esto ocurre especialmente sobre las partes bajas de las cuencas, afectando fuertemente las zonas de humedales”, se remarca.
Se recordó así una de las inundaciones catastróficas recientes en departamentos donde ahora se discute habilitar la megaminería. “En abril de 2014 una lluvia extraordinaria afectó la cuenca del arroyo Telsen y produjo el desborde a lo largo de todo el valle (a causa de diversos factores previos)”.
“El evento generó inundación y destrucción de viviendas, evacuados, una persona desaparecida y una fallecida, y el corte de caminos y rutas, entre ellas la Ruta 3 en Arroyo Verde que aisló a gran parte de la población de Chubut”, se expuso.
Es por ello que se advierte que la megaminería suma un factor de riesgo, ya que al registrarse con mayor frecuencia y estimándose que los eventos sean más constantes a futuro, el peligro de trasladar materiales contaminantes, del suelo o los diques de cola a causa de las precipitaciones y los causas temporales, aumenta.
“Las precipitaciones extremas son fenómenos naturales pero los desastres ambientales son a acontecimientos sociales y políticos, con frecuencia evitables”, se hace hincapié, al señalar que para ello se requiere de “una adecuada gestión de riesgos que tenga como base un ordenamiento territorial adecuado”.
La megaminería, “pone en superficie grandes fracciones de roca molida que pueden impactar muy negativamente en el ambiente. Se trata de grandes cantidades de sedimentos acumulados de manera artificial, deja expuestos concentraciones anómalas de minerales y pone en superficie altas concentraciones de materiales, como ocurre en los diques de cola”.
Estos “representan una amenaza de contaminación ya que pueden desbordarse, romperse o filtrar sus materiales como ya ha pasado en diversas ocasiones (Aznacóllar, Andalucía, España, 1998; Mount Polley, Canadá 2014; Brumadinho, Brasil 2019)”, se recordó.
Además, frente a eventos extraordinarios de precipitaciones “estos riesgos aumentan y con ellos las probabilidades de que los contaminantes, entre ellos metales pesados, sean transportados hacia los cauces de agua que se activan temporalmente y se infiltren hacia los acuíferos”.
La megaminería aumenta las probabilidades de contaminación del agua superficial, subterránea y de los suelos
Es por ello que se sostiene desde el CONICET-CENPAT que “la megaminería representa un escenario de amenaza, frente a un sistema ambiental vulnerable que cobra especial relevancia cuando se trata de una provincia donde los recursos hídricos superficiales son escasos”, además de hacer hincapié en la necesidad de proteger los acuíferos para el futuro.
Dimensión social
Este es otro de los aspectos analizados por la institución académica, haciendo consideraciones sobre la dimensión social del Proyecto 128/20, cuestionando que el documento presenta, en reiteradas ocasiones “insuficiente conceptualización y tipificación de los sujetos/objetos y áreas o zonas de afectación”.
Exponen que se plantean términos como “sostenibilidad minera”, “desarrollo”, “responsabilidad social y ambiental” o “comunidad” sin precisar las perspectivas ni explicaciones sobre qué se entiende en cada caso, lo mismo que ocurre con las diferencias entre las afectaciones “directas” e “indirectas”, sin que haya explicitación de qué se entiende por “escala local”.
Además se cuestiona que en varios párrafos del articulado del proyecto se hace mención a la participación ciudadana y “ninguna de las prácticas de consulta y debate participativo a las que aluden se han cumplido en las etapas de construcción del proyecto”.
En otro tramo, se cuestiona que “en ningún artículo del proyecto se asigna responsabilidad e injerencia concreta a organismos del Estado ni a espacios multisectoriales ad-hoc para ejercer funciones de contralor o garante del bienestar integral de las poblaciones potencialmente afectadas por los emprendimientos”.
“Las dos autoridades de aplicación que se mencionan (general y ambiental) se atribuyen la totalidad de funciones y roles de evaluación, monitoreo y control. A su vez, la mención de órganos de control o validación como el COPRAM (Consejo Provincial del Ambiente) no resulta aceptable en tanto no existen registros de su funcionamiento, como tampoco son admisibles las propuestas que no cuenten con legitimidad social”, apuntaron.
También mencionan la “vaga e inconexa referencia” que se hace en el proyecto a la consulta a las comunidades (convenio OIT 169) y remarca que no se lo regula y no se lo ha cumplido en la etapa de elaboración del proyecto.
Si avanza la Zonificación, se viola un Derecho y se podría entrar en una judicialización
Gestión Ambiental
El último apartado, aborda la gestión del suelo y el agua, necesarios “para sostener la producción de los distintos bienes y servicios que demanda la sociedad –ya que- es necesario mantener un sistema suelo-agua en buen estado de conservación”.
Para ello, se reclama “discutir y aprobar la nueva Ley de Conservación de Suelos, que a su vez impulse la puesta en funcionamiento de la Dirección de Conservación de Suelos”, ya que la legislación vigente no ha tenido el impulso necesario del Estado provincial.
Esta tarea “debería iniciar de forma urgente la Legislatura. Mientras tanto, el Gobierno deberá asumir la responsabilidad que le cabe en la gestión y conservación de los recursos naturales de la Provincia”.
Además, más allá del funcionamiento del Ministerio de Ambiente y el Instituto del Agua (IPA), “los Comités de Cuencas son los únicos espacios formales interjurisidiccionales donde se podrían articular sectores, visiones y conocimiento acerca de los sistemas y debatir sobre problemáticas comunes”, relacionadas al agua.
En tanto, “el hallazgo de grandes reservas de agua en una zona donde el avance de la desertificación es importante, los recursos hídricos superficiales son escasos y las proyecciones de cambio climático prevén disminución de la disponibilidad de agua, es trascendental”.
Sin embargo, hasta ahora y “a pesar de que existen diversas propuestas y experiencias a pequeña escala de actividades productivas basadas en el riego, estas reservas no se han tenido en cuenta para planificar e impulsar alternativas productivas que permitan mejorar la calidad de vida de sus habitantes y comenzar a revertir situaciones de desarraigo y desocupación”.
Esto se plasma en uno de los artículos del proyecto 128/20, en el que se pretende desarrollar actividades productivas a partir de la megaminería, que sería la responsable de explotar estas reservas.
Además, señalan que “las promesas” relacionadas al desarrollo de otras actividades a partir de la megaminería, y la forma en que se plasma en el proyecto, “reflejan las fuertes presiones de quienes quieren impulsar megaproyectos mineros sin reparar en las aspiraciones e intereses de las y los pobladores locales, denota la extrema debilidad de un Estado que no logra conectarse con el territorio y poner en valor otros recursos y otras formas de trabajo”.
“Esta dependencia del Estado de los capitales privados e intereses mineros sobre una estructura preexistente de gobernanza débil y fragmentada de los recursos naturales genera desconfianza y preocupación –situación qué- no se revertirá con la creación de observatorios, centros de gestión y mesas de desarrollo fragmentarias y sin autarquía”, como las que se proponen.
Lo expuesto, es solo parte del documento, que se puede ver completo acá:
