El Gobierno de Javier Milei prepara un nuevo capítulo dentro del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que enviará al Congreso la próxima semana. La iniciativa incorporará medidas para proteger infraestructura considerada crítica y establecer condiciones de seguridad para empresas proveedoras de sectores estratégicos.
La propuesta excederá la discusión específica por Vaca Muerta y la presencia de empresas tecnológicas chinas. El Ejecutivo busca crear un esquema general que permita determinar qué instalaciones son esenciales y qué requisitos deberán cumplir quienes suministren tecnología o servicios, especialmente en materia de ciberseguridad.
La decisión se inscribe en el acercamiento de la Argentina con Estados Unidos. La administración de Donald Trump viene promoviendo controles sobre proveedores tecnológicos considerados riesgosos para la seguridad nacional, particularmente frente al avance de empresas chinas como Huawei y ZTE.
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En las próximas semanas, además, funcionarios estadounidenses llegarían a Buenos Aires para avanzar en una agenda vinculada con seguridad de redes, infraestructura sensible y cadenas de suministro. El Gobierno pretende profundizar la cooperación con Washington en áreas tecnológicas, energéticas, militares y de inteligencia.
Un régimen nacional para infraestructura crítica
La Casa Rosada sostiene que la legislación argentina ya contempla como áreas críticas a sectores como energía, telecomunicaciones, transporte, finanzas, actividad nuclear, espacio y salud, pero considera que falta un mecanismo integral para definir activos concretos y establecer obligaciones para sus operadores y proveedores.
El proyecto también estará relacionado con el Consejo de Seguridad Nacional anunciado por Milei durante su discurso sobre Malvinas. El organismo articulará a distintas áreas del Estado y tendrá entre sus funciones la elaboración de políticas vinculadas con infraestructura crítica, seguridad aeroespacial y protección marítima.
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El conflicto tecnológico con China
Uno de los antecedentes de la iniciativa son las diferencias entre Washington y Beijing por la participación de empresas chinas en infraestructura sensible de la Argentina. El caso de Huawei y la cooperativa neuquina CALF fue uno de los focos de esa discusión, aunque el Gobierno busca evitar una regulación limitada a contratos o jurisdicciones particulares.
La intención oficial es establecer estándares nacionales para determinar qué proveedores pueden participar en proyectos estratégicos. De esta manera, la evaluación de una empresa dejaría de ser solamente una cuestión comercial y pasaría a formar parte de la planificación de seguridad nacional.
El proyecto también contempla herramientas económicas y diplomáticas frente a actores que el Ejecutivo considere una amenaza para los intereses estratégicos del país. En paralelo, Milei busca avanzar con Washington en cuestiones comerciales relacionadas con telecomunicaciones, energía, minerales críticos y cadenas de suministro.
Fuente: TN.
