El Gobierno nacional evalúa incorporar modificaciones a las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario dentro del proyecto de Presupuesto 2027, que será enviado al Congreso antes del 15 de septiembre. La estrategia apunta a reducir el impacto fiscal de normas que generaron conflictos judiciales y enfrentamientos con el Poder Legislativo.
La posibilidad todavía no está definida, pero en el Ejecutivo reconocen que es una alternativa que permanece sobre la mesa. La intención oficial es evitar una nueva derrota legislativa como la ocurrida durante el tratamiento del Presupuesto 2026, cuando el Congreso rechazó los cambios impulsados por el Gobierno sobre ambas leyes.
Desde la Casa Rosada sostienen que el proyecto presupuestario es la herramienta más adecuada para ordenar la discusión sobre el gasto público. El argumento oficial es que cualquier aumento de erogaciones debe estar contemplado dentro del esquema general de recursos y no surgir de leyes individuales que alteren la planificación financiera del Estado.
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El conflicto universitario es uno de los principales frentes abiertos. La Corte Suprema dejó firme una medida cautelar que obliga al Gobierno a cumplir dos artículos de la Ley de Financiamiento Universitario relacionados con la actualización salarial de docentes y no docentes, además de la recomposición de becas estudiantiles.
En materia de discapacidad, el Ejecutivo busca revisar el esquema de financiamiento, avanzar con auditorías y controles sobre pensiones no contributivas por invalidez laboral. El oficialismo sostiene que el objetivo es reducir irregularidades y garantizar que los recursos lleguen a quienes cumplen con los requisitos establecidos.
La estrategia forma parte de una negociación política más amplia con gobernadores y bloques aliados. El Gobierno pretende llegar a septiembre con acuerdos que permitan aprobar el Presupuesto 2027, impulsar la reforma electoral y sostener su agenda legislativa hasta marzo, evitando nuevos obstáculos en el Congreso.
Fuente: TN.
