La Casa Rosada llevará la decisión del Juzgado Federal de Campana a la Cámara de San Martín y cuestiona una “invasión” de atribuciones del Poder Ejecutivo. Advierten riesgo fiscal si se aplica la ley sin partidas específicas.
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El Gobierno nacional confirmó que apelará el fallo del Juzgado Federal de Campana que ordenó poner en marcha la Ley de Emergencia en Discapacidad y declaró inválido el artículo central del Decreto 681/2025. La presentación será elevada ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, que deberá revisar la resolución firmada por el juez Adrián González Charvay.
Desde la Casa Rosada sostienen que la sentencia representa una “invasión” a las atribuciones del Poder Ejecutivo para administrar el presupuesto y ordenar las cuentas públicas. Según el planteo oficial, la aplicación inmediata de la ley sin partidas específicas podría comprometer el equilibrio fiscal y afectar otros programas prioritarios.
El fallo judicial hizo lugar a un amparo colectivo presentado por padres de niños con Certificado Único de Discapacidad, acompañados por organizaciones del sector. En la demanda, los actores señalaron que la paralización de la ley, derivada del decreto presidencial, dejó sin cobertura a miles de personas y profundizó la crisis del sistema de prestaciones.
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En su resolución, el magistrado consideró que el artículo 2 del DNU resultaba “inválido en todos sus aspectos” por contradecir el procedimiento constitucional previsto en el artículo 83 de la Constitución Nacional. Sostuvo además que el Ejecutivo “excedió de forma manifiesta sus facultades” al intentar suspender una ley vigente que fue ratificada por el Congreso por insistencia.
Uno de los puntos centrales de la disputa es el financiamiento. El juez Charvay remarcó que la Jefatura de Gabinete realizó más de 19 reasignaciones presupuestarias desde diciembre de 2023 y que esa misma herramienta podría haberse utilizado para implementar la ley, aun cuando el Presupuesto 2026 no incluyó partidas específicas.
El Ejecutivo rechaza esa interpretación. Argumenta que la emergencia en discapacidad, establecida por la Ley 27.793 hasta 2027, requiere un respaldo financiero definido por el Congreso y que reasignar fondos sin ese marco podría generar un desbalance fiscal. Además, advierte que la decisión judicial desconoce las limitaciones presupuestarias vigentes.
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La tensión entre el Gobierno y el juez González Charvay no es nueva. En agosto pasado, el magistrado ya había declarado inválido un decreto que rechazaba una ley de aumento de fondos para las prestaciones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En ese contexto, desde Balcarce 50 anticiparon que evalúan denunciarlo ante el Consejo de la Magistratura.
Mientras se redacta la apelación, en el oficialismo analizan los escenarios que podría abrir una eventual confirmación del fallo. En despachos oficiales reconocen que, si la Cámara de San Martín rechaza el planteo del Gobierno, llevarán la discusión hasta la Corte Suprema de Justicia.
Fuente: TN
Foto: Archivo
