Tras el accidente que dejó más de 20 heridos en Liniers, el Ejecutivo confirmó una investigación interna y judicial. Desde Transporte aseguran que se destinaron más de 530 mil millones de pesos en obras prioritarias desde la declaración de la Emergencia Ferroviaria.
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El Gobierno nacional vinculó el descarrilamiento del tren Sarmiento, ocurrido este martes en las inmediaciones de la estación Liniers y que dejó un saldo de más de 20 heridos, a “20 años de desinversión” en el sistema ferroviario. Paralelamente, la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) inició una investigación interna para determinar las causas exactas del siniestro.
La formación 3358, que se dirigía desde Moreno hacia Once, descarriló en pleno horario laboral y provocó heridas de diversa gravedad en 20 pasajeros, diez de ellos con politraumatismos. Este episodio reavivó el debate sobre la posibilidad de privatizar Trenes Argentinos Operaciones (SOF), medida que el Gobierno analiza como parte de una reestructuración del sistema ferroviario.
Un funcionario del área de Transporte aseguró a Infobae que “la Junta de Seguridad en el Transporte está investigando. También la justicia. El problema es histórico, los trenes y las vías están en mal estado desde hace años”.
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El caso dio lugar a una causa judicial encabezada por el juez federal Julián Ercolini, quien investiga el hecho bajo la carátula de “interrupción a los medios de transporte”. Además, se ordenaron pericias y exámenes toxicológicos al conductor de la formación, mientras que la Policía Federal trabaja en la recolección de pruebas en el lugar.
En tanto, la JST —organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Economía— avanza en un análisis técnico del suceso. “Se está llevando adelante el proceso de investigación para determinar los hechos y supervisar las medidas de seguridad operacional implementadas”, indicaron fuentes oficiales, que además confirmaron que los resultados serán entregados a la Justicia.
El contexto del siniestro está enmarcado en el decreto 525/2024, mediante el cual el Poder Ejecutivo declaró el estado de Emergencia Ferroviaria por dos años. La decisión se basó en un informe de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que evidenció un alto índice de descarrilamientos y deficiencias estructurales en la infraestructura y el material rodante.
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El plan prevé una coordinación entre la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE) y la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF) para ejecutar obras urgentes en todo el sistema ferroviario nacional.
Desde la Secretaría de Transporte, que encabeza Luis Pierrini, informaron que “desde la declaración de la Emergencia Ferroviaria, se desembolsaron 530 mil millones de pesos en obras de carácter urgente y prioritario”. Además, detallaron que “el 37% de ese monto fue dirigido a obras de vías, el 40% a la compra de repuestos y reparación de material rodante, y el 16% a la inversión en señalamiento ferroviario”.
Las tareas de reconstrucción y mantenimiento continúan en marcha, mientras las autoridades aseguran que los resultados de la investigación “serán claves para evitar que un hecho como este vuelva a repetirse”.
Fuente: Infobae
Foto: Archivo
