El Gobierno nacional avanza en la creación de una nueva ley migratoria que busca fortalecer el control sobre la inmigración en el país.
En su discurso durante la apertura de sesiones ordinarias, el presidente Javier Milei destacó que el proyecto tiene como objetivo principal cobrar aranceles a los extranjeros no residentes por servicios de salud y educación. Además, plantea acelerar los procesos de deportación para quienes cometan delitos y endurecer los requisitos para obtener la radicación definitiva en Argentina.
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Esta reforma, que ya está en desarrollo en el Ministerio de Justicia, también se enfocará en aumentar los controles fronterizos para evitar el ingreso de extranjeros sin los requisitos necesarios y reducir el narcotráfico y el contrabando. Según fuentes cercanas al Ejecutivo, se prevé que el proyecto sea aprobado antes de fin de año y que, en caso de no avanzar en el Congreso, se recurrirá a un decreto de necesidad y urgencia.
La ley de Migraciones 25.871, vigente desde 2004 y modificada en 2010, establece actualmente que los inmigrantes y sus familias tengan acceso igualitario a servicios públicos como salud, educación y seguridad social. La nueva reforma propone revisar este artículo, excluyendo de estos beneficios a los extranjeros que no sean residentes permanentes, quienes deberán abonar por los servicios que utilicen.
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En varias provincias ya se ha comenzado a aplicar el cobro de aranceles en servicios de salud, como en Salta y Mendoza, para disminuir los llamados “tours sanitarios” de extranjeros, especialmente de países vecinos. Milei también mencionó que se estudiará el arancelamiento en las universidades públicas, lo cual podría generar controversia en el ámbito legislativo debido al apoyo tradicional a la educación pública gratuita.
El endurecimiento de las políticas migratorias también incluirá medidas para impedir el ingreso de inmigrantes con documentación falsa o que busquen ingresar al país con fines ilícitos. La reforma, si se aprueba, promete redefinir el tratamiento de los inmigrantes en Argentina, con un enfoque más restrictivo hacia aquellos que no cumplen con los requisitos establecidos.
Fuente: Infobae.
Foto:¡Profesional.
