El Gobierno nacional bajó de rango al Instituto Nacional de Vitivinicultura y redujo su poder de control. Mientras algunos empresarios celebran la desregulación, otros alertan sobre riesgos para la calidad, la seguridad y la competitividad del vino argentino.
MIRÁ TAMBIÉN | Se suspendió la audiencia preliminar del juicio por la muerte de Maradona
La decisión del Gobierno nacional de degradar al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) a una simple unidad dentro de la Secretaría de Agricultura y recortar sus facultades de control generó una fuerte división dentro del sector vitivinícola argentino. La medida, que implica una mayor desregulación en la producción y comercialización del vino, despertó el apoyo de grandes bodegas, pero también encendió alertas entre cooperativas, productores y actores críticos que temen un deterioro en la calidad y seguridad del producto.
El anuncio se inscribe en un contexto de reestructuración y achique del Estado impulsado por el presidente Javier Milei y el ministro Federico Sturzenegger, quienes ya habían apuntado meses atrás contra la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), buscando suprimir el aporte obligatorio de las bodegas.
Ahora, el cambio de estatus del INV reavivó la disputa entre quienes reclaman menos trámites y controles, y quienes consideran que esta desregulación debilita la trazabilidad y el prestigio internacional del vino argentino.
MIRÁ TAMBIÉN | Conducía ebrio, chocó y le incautaron animales silvestres faenados y un arma
Desde Bodegas de Argentina, la cámara empresaria que agrupa a muchas de las firmas más grandes del sector, respaldaron la medida al considerar que simplifica procesos, reduce burocracia y mejora la competitividad. Walter Bressia, enólogo y presidente de la entidad, celebró la eliminación de trámites que, según dijo, pueden representar entre 2% y 3% de la facturación de las grandes bodegas. Sin embargo, advirtió que el INV debe seguir funcionando como garante de calidad y sanidad, especialmente en los análisis que validan la exportación y la libre circulación de los vinos.
Una mirada similar expresó Patricia Ortiz, de Bodega Tapiz, quien criticó los excesivos controles del INV, calificándolos de ineficientes y costosos para la producción.
En la otra vereda, bodegueros y viñateros advirtieron sobre los riesgos de una supervisión laxa. Martín Hinojosa, expresidente del INV, alertó que la medida “abre la puerta a una baja en la calidad” del vino, con consecuencias para los consumidores y exportadores. Para Juan José Ramos, productor sanjuanino, la desregulación deja a los pequeños productores expuestos a las condiciones que impongan las grandes bodegas. Y recordó que sin controles, Argentina vivió episodios trágicos como el de 1993, cuando vinos adulterados provocaron la muerte de 29 personas.
MIRÁ TAMBIÉN | Llegan vagones graneros 0KM a la Argentina
Por su parte, Mauricio Colomé, de la Cámara Bodeguera de San Juan, respaldó la agilización de trámites, pero pidió que el INV conserve su rol de garante de calidad e inocuidad.
Mientras tanto, desde la Coviar evitaron una definición pública y anunciaron que esperan conocer el texto completo del decreto presidencial para emitir una postura formal.
El Instituto Nacional de Vitivinicultura, con 459 empleados y un presupuesto de más de $12 mil millones anuales, ha sido históricamente clave para el ordenamiento del sector, tanto en los mercados locales como en la validación de exportaciones. Ahora, su desjerarquización reabre el debate sobre el modelo de regulación del vino argentino, sus impactos en los precios, la calidad, y la reputación global del producto nacional.
Fuente: Ámbito Financiero
Foto: Archivo
