El Ejecutivo busca derogar el decreto emitido durante la gestión de Alberto Fernández que obliga a ministerios y organismos del Estado a contratar con empresas estatales, en medio de investigaciones judiciales por corrupción. Además, se planea desregular otros servicios utilizados por la administración pública.
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El Gobierno ha puesto en marcha un plan para derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que obliga a los ministerios y organismos estatales a contratar empresas públicas, según confirmaron fuentes periodísticas. Esta medida, implementada por el expresidente Alberto Fernández, ha sido foco de controversia debido a su vinculación con un caso de corrupción relacionado con el pago de comisiones a intermediarios presuntamente cercanos al exmandatario.
El DNU 823/21, que establece la obligatoriedad de que la administración pública pague los salarios a través del Banco Nación, es una de las normativas bajo la lupa del Gobierno actual, que también busca derogar otros decretos que regulan servicios esenciales como la compra de combustible a YPF y la adquisición de pasajes aéreos a través de Aerolíneas Argentinas.
No está claro si la iniciativa para derogar estas normativas proviene del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, o del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Lo que sí se sabe es que la intención del Gobierno es avanzar hacia un esquema de mayor desregulación, permitiendo que la contratación de seguros, el pago de haberes, y la compra de pasajes y combustibles se realicen mediante licitaciones públicas abiertas a cualquier oferente, en lugar de estar restringidas a empresas estatales.
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La derogación del DNU 823/21 es solo el primer paso en una estrategia más amplia de desregulación que busca impulsar la competencia y transparencia en la contratación de servicios públicos. En este contexto, la Justicia continúa investigando al expresidente Fernández por las presuntas irregularidades en la emisión de pólizas del Estado, lo que ha añadido presión sobre la administración actual para desmantelar el marco normativo heredado.
El proyecto de Sturzenegger, que contempla estas reformas, promete transformar significativamente la manera en que el Estado realiza sus contrataciones, abriendo la puerta a una mayor participación del sector privado y buscando mejorar la eficiencia y reducir los costos en la gestión pública.
Fuente: Ámbito Financiero
Foto: Archivo
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