Luego de la media sanción de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, el Gobierno nacional buscará aprobar en marzo la nueva ley de financiamiento universitario. La iniciativa ingresó esta semana al Congreso y forma parte de la agenda legislativa prioritaria del oficialismo para el inicio de las sesiones ordinarias.
El proyecto, que propone modificar la Ley 27.795, fue elaborado en la Casa Rosada con participación de la Secretaría Legal y Técnica que encabeza María Ibarzabal Murphy y de la Subsecretaría de Políticas Universitarias liderada por Alejandro Álvarez, dirigente cercano al asesor presidencial Santiago Caputo. En el entorno de Javier Milei aseguran que cuentan con respaldo de bloques aliados para lograr su sanción en la primera semana de marzo.
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Uno de los ejes centrales del texto es la actualización automática de los gastos de funcionamiento en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC-INDEC), en caso de que la inflación supere el 14,3% previsto en el Presupuesto 2026. De esa manera, se ajustarán partidas destinadas a funcionamiento general, hospitales universitarios y actividades de ciencia y técnica.
Además, el artículo 4° contempla un refuerzo de $80.072 millones para la asistencia financiera a hospitales universitarios, con el objetivo de garantizar la prestación de servicios de salud en el ámbito académico. En materia salarial, se establece una recomposición del 12,3% para docentes y no docentes —en tres tramos del 4,1% en marzo, julio y septiembre— y la convocatoria obligatoria a paritarias dentro del mes posterior a la sanción.
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Sin embargo, la propuesta ya generó cuestionamientos sindicales. Desde Feduba advirtieron que el esquema “consolida el ajuste” sobre los salarios universitarios y anticiparon posibles medidas de fuerza. El oficialismo, por su parte, sostiene que la iniciativa busca ordenar el financiamiento y asegurar previsibilidad presupuestaria en un contexto de fuerte restricción fiscal.
Fuente: Noticias Argentinas.
