El Gobierno nacional formalizó la concesión de la Vía Navegable Troncal, conocida como Hidrovía, al consorcio integrado por Jan de Nul y Servimagnus. Desde el Ministerio de Economía de la Nación Argentina aseguraron que se trató de un proceso «transparente» y con participación de distintos actores públicos y privados.
Sin embargo, la adjudicación estuvo precedida por cuestionamientos sobre el desarrollo de la licitación. Entre las principales observaciones figuran denuncias por presuntos pliegos confeccionados a medida, plazos considerados insuficientes para garantizar la competencia y un sistema de evaluación que, según las críticas, habría favorecido al consorcio ganador.
La Hidrovía constituye una infraestructura estratégica para Argentina, ya que por esa vía se transporta cerca del 80% del comercio exterior del país. Por ese motivo, la definición de la concesión tiene un fuerte impacto económico, logístico y político.
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Otro de los puntos observados fue el mecanismo para presentar impugnaciones. Según las denuncias, las empresas interesadas debían afrontar un pago de 10 millones de dólares no reembolsables para cuestionar decisiones del proceso, una condición que fue considerada una barrera para eventuales reclamos.
Además, la empresa DEME NV sostuvo que el precio base fijado por el Gobierno implicaba un sobrecosto logístico y aseguró que podía ofrecer una propuesta más económica. También hubo cuestionamientos sobre la actuación de la comisión evaluadora y el sistema de puntajes aplicado durante la licitación.
Desde Economía defendieron la adjudicación y afirmaron que la nueva concesión permitirá reducir un 13,5% el peaje de la Hidrovía, además de impulsar obras de profundización, incorporar tecnología y mejorar la seguridad de la navegación para reducir los costos logísticos de las exportaciones.
Fuente: Ámbito Financiero.
