«Los combates entre estructuras del ELN y del (Estado Mayor Central) EMC-FARC ponen en grave peligro a la población civil», afirmó la oficina del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, en un comunicado.
«Desde el gobierno nacional instamos de manera urgente a estos grupos armados a detener sus acciones bélicas y a ceñirse a las normas del DIH (derecho internacional humanitario), que ambas organizaciones dicen respetar», agregó el documento.
Rueda denunció que esos grupos guerrilleros no muestran gestos de paz y, por tanto, queda en duda los deseos reales de negociar el fin del conflicto en los contactos abiertos con el gobierno.
«Colombia necesita ver gestos de buena voluntad de quienes aseguran ser partidarios de una paz integral que cimiente la democracia con justicia social y ambiental en los territorios», dijo el funcionario.
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«De lo contrario, quedará en entredicho la legitimidad de cualquier esfuerzo en la búsqueda de una paz dialogada con grupos que aseguran tener un origen político», argumentó, según la agencia de noticias Europa Press.
Comunidades y autoridades indígenas y campesinas de estas zonas de Cauca «han manifestado de todas las maneras posibles su hastío frente a la permanente situación de miedo y peligro a la que son sometidas por los grupos armados ilegales que hacen presencia en sus territorios», remarcó la nota.
Esas organizaciones denunciaron confinamientos, desplazamientos y extorsiones por enfrentamientos entre otro sector de la disidencia de las FARC, la Segunda Marquetalia, y el ELN.
Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia son dos de las grandes corrientes de la extinta FARC que no se acogieron a la paz que firmó el grupo guerrillero en 2016 durante la presidencia de Juan Manuel Santos.
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«Hacemos un llamado urgente a ambos grupos armados a parar esta confrontación sin sentido que afecta directamente a los habitantes -mayoritariamente pertenecientes a la etnia indígena Awá- de esta subregión del Piedemonte costero», prosiguió Rueda.
«Convertir los campos en territorios abandonados es impedir que el proyecto de democracia con justicia social y ambiental avance en el país», concluyó.
El gobierno del presidente Gustavo Petro y el ELN sellaron el 9 de junio en La Habana un acuerdo de cese del fuego temporal de 180 días renovable, en el fin del tercer ciclo de negociaciones de paz que iniciaron en noviembre último.
Los esfuerzos más avanzados hasta el momento del gobierno son con el ELN y son parte del plan de “paz total” impulsado por el mandatario y respaldado por el Congreso como “política de Estado”.
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Colombia vive un conflicto armado de más de 50 años a pesar de una serie de tratados de paz, cuyo más reciente fue con las FARC, devenida en agrupación política, y las autoridades de la nación sudamericana.
Telam
 y a los remanentes de las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias){kind=link}