El Ministerio de Capital Humano y la ANSES iniciaron acciones legales contra el ex vicepresidente, quien cobró una asignación vitalicia pese a su condena por corrupción. La Justicia también rechazó su pedido para recuperar ese beneficio.
MIRÁ TAMBIÉN | ARCA modificó el procedimiento de embargo
El Ministerio de Capital Humano, junto con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), presentó una demanda civil para recuperar $236.066.031,25 —más la actualización correspondiente— que habrían sido percibidos de forma indebida por Amado Boudou, ex vicepresidente de la Nación durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner (2011-2015).
Según detallaron en un comunicado oficial, el monto corresponde a la asignación mensual vitalicia otorgada a los exmandatarios. Sin embargo, la misma fue revocada por haberse determinado que Boudou fue autor penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, en el marco del caso Ciccone. La demanda fue girada a la Justicia Civil y Comercial Federal, que ya ordenó el traslado correspondiente.
En paralelo, la Justicia Federal rechazó una medida cautelar presentada por Boudou para restablecer el cobro del beneficio, el cual consideró «alimentario» y esencial para su sustento. El ex vicepresidente argumentó que comenzó a recibir la asignación en agosto de 2020, cinco años después de haberla solicitado tras dejar el cargo. Aseguró que el pago fue interrumpido por ANSES por motivos asociados a la pandemia, y calificó su suspensión como «ilegítima e inconstitucional».
MIRÁ TAMBIÉN | VIDEO | Un camión volcó escombros en área protegida en Villa Carlos Paz
La ANSES, por su parte, apeló al artículo 29 de la Ley 24.018, que establece que quienes hayan sido removidos por mal desempeño o condenados por delitos en funciones no pueden acceder a estos beneficios. Además, el organismo remarcó que la jubilación de privilegio es de carácter “graciable” y no tiene naturaleza alimentaria, previsional ni retributiva, por lo que puede revocarse si cambian las condiciones que la justifican.
La fiscal federal Mariana Grinberg también se pronunció en contra de la medida cautelar solicitada por Boudou, y dejó en claro que el reclamo no tenía sustento procesal en esta instancia. La jueza Ana María Rojas coincidió y desestimó el pedido, señalando que el análisis de fondo excede el alcance de una acción cautelar y que no existía certeza sobre el derecho reclamado por el exfuncionario.
Además, en la causa se destaca que Boudou figura desde 2016 como trabajador autónomo y actualmente se encuentra inscripto como monotributista, lo que contradiría su argumento sobre la necesidad alimentaria del beneficio.
Fuente: Infobae
Foto: Aries Online
