El Gobierno nacional evalúa incluir a la actividad pesquera en el régimen de sanciones que prepara dentro del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional por la cuestión Malvinas. La iniciativa se encuentra en la última etapa de revisión en la Secretaría de Legal y Técnica.
La posibilidad surgió a partir de reclamos de entidades del sector pesquero y también fue analizada en la mesa política de la Casa Rosada. El objetivo es ampliar las actividades alcanzadas por las sanciones, más allá de las empresas vinculadas con la explotación petrolera en las islas.
El proyecto tomaría como referencia la Ley 26.659, conocida como Ley Pino Solanas, que establece que la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina requiere autorización de las autoridades nacionales. El Gobierno analiza endurecer las penas y extender ese criterio a otras actividades.
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La propuesta también contempla que quienes brinden servicios a empresas vinculadas con la explotación ilegal de recursos argentinos no puedan contratar con el Estado ni con privados en el país. Hasta el momento, la Cancillería denunció a 60 firmas relacionadas con los negocios petroleros en Malvinas.
La iniciativa será enviada al Congreso el próximo lunes y el Ejecutivo analiza presentarla de manera tradicional o enviar a un funcionario para explicar el articulado. Los ministros de Defensa, Carlos Presti, y de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, participaron de la redacción y podrían exponer ante los legisladores.
El oficialismo pretende que el tratamiento en comisión comience entre fines de septiembre y principios de octubre. En paralelo, Quirno y Presti viajarán este viernes a Tierra del Fuego para recorrer la zona y avanzar en las obras vinculadas con la nueva Base Naval integrada anunciada por el Gobierno.
