Javier Milei prorrogó por tres meses los contratos de 40.000 trabajadores estatales a la espera de un examen de idoneidad que definirá su continuidad en la administración pública.
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El Gobierno nacional decidió extender hasta fines de marzo los contratos de unos 40.000 empleados públicos de la administración estatal que no forman parte de la planta permanente. La medida, confirmada este jueves, incluye renovaciones bajo el artículo 9° de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional, que establece regímenes temporales para servicios transitorios o estacionales.
Desde que asumió, la gestión de Javier Milei viene renovando estos contratos de forma trimestral y precaria, mientras evalúa qué trabajadores seguirán en sus puestos y cuáles serán despedidos. En esta ocasión, la prórroga se dará a la espera de que los empleados rindan un examen de idoneidad compuesto por tres áreas: comprensión lectora, razonamiento lógico-matemático y conocimientos en administración pública.
De acuerdo con fuentes oficiales, la continuidad laboral estará supeditada a dos factores: la aprobación del examen y la confirmación de que el trabajador desempeña una función esencial para el área en cuestión. Hasta el momento, 14.000 empleados ya rindieron la evaluación, y el 95% aprobó. Sin embargo, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que la cifra real de afectados supera los 55.000 trabajadores, incluyendo monotributistas y los empleados vinculados a la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), cuyos contratos no serán renovados.
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Los decretos 1148/24 y 1149/24, publicados en el último Boletín Oficial de 2024, congelaron la planta estatal y restringieron las contrataciones de personal nuevo. Según las disposiciones, cualquier ingreso excepcional deberá compensarse con la desvinculación de tres empleados. Además, a partir de marzo, el examen de idoneidad será obligatorio no solo para trabajadores actuales, sino también para los futuros aspirantes al sector público, incluidas empresas con mayoría accionaria estatal.
El sindicato ATE también denunció despidos en distintas dependencias, incluyendo el Ministerio de Justicia, el Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa) y Parques Nacionales. En el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, ubicado en la ex-ESMA, 87 empleados fueron notificados el 31 de diciembre, mediante un mensaje de WhatsApp, de que ya no debían presentarse a trabajar.
La implementación de estas políticas genera tensiones en los sectores afectados, mientras el Gobierno defiende la necesidad de una administración pública más eficiente y controlada.
Fuente: Noticias Argentinas
Foto: Archivo
