El gobierno de Javier Milei aplicó un drástico recorte en programas sociales durante su primer año de gestión, logrando superávit fiscal a costa de una mayor vulnerabilidad en los sectores más pobres. Mientras se celebran avances en la inflación, expertos alertan sobre el impacto del ajuste en la desigualdad.
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El fuerte recorte en los principales programas sociales del país marcó el primer año de gestión de Javier Milei, con una disminución del 45,6% interanual en los recursos destinados a combatir la pobreza, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Este ajuste, considerado el mayor en la historia reciente, permitió alcanzar un superávit fiscal, pero profundizó la crisis social: la pobreza creció al 52,9% y la indigencia al 18,1% en el primer semestre de 2024.
Entre las medidas destacadas se encuentra la duplicación de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que aumentó su poder de compra en un 43% real, y la ampliación de la Tarjeta Alimentar, aunque esta última perdió un 14,3% de su poder adquisitivo. Sin embargo, expertos del centro de estudios Fundar advierten que estas acciones no compensaron el ajuste generalizado sobre los ingresos populares, que registraron caídas reales en la mayoría de los casos.
Uno de los programas más afectados fue «Volver al Trabajo», el ex-Potenciar Trabajo, cuyo ingreso permaneció congelado en $78.000 mensuales, lo que significó una pérdida del 53% en términos reales. Además, las becas Progresar y la atención médica a beneficiarios de pensiones no contributivas también sufrieron caídas significativas del 64,2% y 12,4% respectivamente, según la OPC. Por otro lado, el programa «1000 días», enfocado en la primera infancia, fue una de las pocas partidas que registró un aumento real del 182%.
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Mientras tanto, el gobierno celebra los avances en la reducción de la inflación, que llegó al 2,4% en noviembre, y asegura que esta política comenzará a impactar positivamente en la pobreza. Sin embargo, Agustín Salvia, del Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA), advirtió que dentro de los hogares con inseguridad alimentaria severa, el 24,9% no recibe ningún tipo de asistencia estatal. “No toda la ayuda llega a quienes realmente la necesitan”, enfatizó Salvia.
De cara a 2025, las perspectivas son inciertas. Si bien se espera una leve mejora en los indicadores de pobreza hacia fin de año, expertos y organizaciones sociales llaman la atención sobre la necesidad de reorientar las políticas públicas para garantizar que los sectores más vulnerables no sigan siendo los más perjudicados en el ajuste fiscal.
Fuente: La Nación
Foto: Archivo
