A través de la Secretaría de Trabajo, el Ejecutivo busca consensuar una reforma laboral basada en un proyecto presentado por la diputada Romina Diez, con el objetivo de avanzar rápidamente en su sanción.
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El Gobierno de Argentina está promoviendo un importante proyecto de ley para modernizar las relaciones laborales, con el objetivo de impulsar la competitividad empresarial y fomentar la creación de empleo. Según fuentes oficiales, la Secretaría de Trabajo ha comenzado a dialogar con empresarios y sindicalistas para alcanzar un consenso sobre esta iniciativa. La propuesta se basa en el proyecto “Ley de Promoción de Inversiones y Empleo”, impulsado por la diputada de La Libertad Avanza, Romina Diez, junto con otros 14 coautores, entre ellos, el economista José Luis Espert y Gabriel Bornoroni, presidente del bloque oficialista en la Cámara Baja.
El Presidente Javier Milei busca acelerar las reformas estructurales y espera que la modernización laboral sea sancionada durante el primer semestre de 2025. Esta reforma laboral se considera clave para reducir el costo argentino, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes), que enfrentan una fuerte presión competitiva debido a la apreciación del peso.
El proyecto, que se refiere principalmente a la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, propone importantes modificaciones. Una de las más destacadas es la modificación de la “irrenunciabilidad”, que permitiría que los trabajadores renuncien a ciertos derechos acordados por encima de la ley o los convenios colectivos, siempre que estas condiciones hayan sido acordadas entre las partes o por costumbre.
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Además, el proyecto establece que los empleadores tendrán la facultad de modificar las modalidades de trabajo, siempre que estos cambios no sean irrazonables y no perjudiquen al trabajador, otorgándole la posibilidad de considerarse despedido sin causa si se vulneran sus derechos.
El texto también introduce mejoras en los beneficios sociales, como prestaciones no remunerativas para los trabajadores, mejoras en los sistemas de pago, y la flexibilidad en el otorgamiento de vacaciones, incluyendo la posibilidad de fragmentarlas en períodos no menores a una semana.
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Uno de los aspectos clave de la reforma es la creación de incentivos al empleo. El proyecto contempla la implementación de bonos de crédito fiscal para nuevas contrataciones, con diferentes proporciones de contribuciones patronales según el tamaño de la empresa. Además, se propone una suspensión gradual de los planes de asistencia social para quienes ingresen al empleo formal. También se bonificarían al 100% las contribuciones patronales por nuevos empleados provenientes del sector público, con algunas excepciones para cargos jerárquicos específicos.
La reforma laboral, que también incluye cambios en la Ley de Trabajo Agrario, tiene como objetivo mejorar la competitividad del país y generar nuevas oportunidades laborales. La estrategia del Gobierno, según fuentes cercanas, también contempla la reforma previsional una vez resuelta la cuestión laboral.
Fuente: Ámbito Financiero
Foto: Archivo