El Gobierno de Javier Milei anunció que la reforma laboral será uno de los proyectos centrales en la segunda parte de su gestión. La iniciativa, que ingresará al Congreso en diciembre, buscará reducir la litigiosidad y los costos que generan las indemnizaciones por despido, que en algunos casos superan en más de diez veces el monto original reclamado.
Fuentes oficiales indicaron que se apunta a frenar la llamada “industria del juicio”, que afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas. Según datos del Senado, en 2024 se registraron 125.842 demandas laborales y para 2025 se proyecta superar las 132.000. Más del 50% de las pymes enfrenta litigios, con costos que ponen en riesgo su continuidad.
El oficialismo ya introdujo cambios laborales con la Ley Bases, pero no logró reducir el impacto de fallos que aplican intereses, multas y actualizaciones considerados “exorbitantes” por el sector empresario. Ejemplos como el caso “Oliva” muestran indemnizaciones que crecieron más de un 7.700% por acumulación de intereses y recargos.
MIRÁ TAMBIÉN: Encuesta revela caída en la imagen de Javier Milei
Abogados laboralistas advierten que el sistema actual desalienta la contratación formal y empuja al trabajo no registrado. En la provincia de Buenos Aires, algunos fallos han elevado indemnizaciones iniciales de menos de $2 millones a cifras superiores a los $160 millones, lo que equivale a más de 120.000 dólares.
La Corte Suprema intervino en algunos casos para moderar sentencias, pero sus resoluciones no son vinculantes para tribunales inferiores. Esto genera que muchas cámaras no acaten sus criterios, manteniendo montos que empresarios califican de “arbitrarios” y “desproporcionados”.
El objetivo del Ejecutivo es aprobar una reforma que establezca límites claros a los intereses y multas, proteja la creación de empleo formal y brinde previsibilidad a empleadores y trabajadores. Desde Casa Rosada remarcan que la medida es clave para impulsar inversiones y sostener el crecimiento económico.
Fuente: Ámbito.
