Un audio del titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, pone en el centro de la investigación a funcionarios cercanos a Javier Milei. La Casa Rosada evalúa estrategia política y judicial.
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La difusión de un audio en el que Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad y amigo cercano de Javier Milei, señala presunta connivencia entre funcionarios de segundo rango y la cúpula del Gobierno, encendió las alarmas en la Casa Rosada.
El material, hecho público esta semana, derivó en deliberaciones internas sobre la estrategia a seguir para minimizar riesgos políticos y judiciales. Entre las medidas analizadas, se encuentra la posibilidad de denunciar a Spagnuolo por no haber presentado formalmente la denuncia judicial correspondiente. Mientras tanto, se decidió suspenderlo de su cargo hasta esclarecer los hechos.
En la jornada de análisis participaron Javier Milei, Karina Milei, el asesor Santiago Caputo, Eduardo “Lule” Menem, señalado en los audios, y el vocero presidencial Manuel Adorni, con la intervención del Ministerio de Justicia. El Gobierno mantiene la cautela y evita declaraciones públicas, aguardando los movimientos del juez Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi, quienes lideran la investigación.
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El nerviosismo se percibe también en las redes y comunicados oficiales del entorno libertario. El vocero Adorni suspendió su programa semanal “Fake, 7,8” y su segundo al mando, Javier Lanari, se limitó a tuitear sobre temas ajenos. La orden interna fue mantener silencio mientras se define la estrategia.
Fuentes consultadas por Infobae señalaron que la filtración podría formar parte de una “operación política”, aunque no se señalaron responsables. Los bandos internos, liderados por Caputo y los Menem, buscan mantener la tregua establecida desde el inicio de la campaña. La investigación, iniciada tras la denuncia del abogado Gregorio Dalbón, contempla posibles delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con funciones públicas, infracción a la ley de ética pública y asociación ilícita.
El caso genera preocupación por la posible implicancia directa de altos funcionarios y por el impacto político que podría tener en el oficialismo, obligando a mantener una estrategia coordinada y prudente, mientras los organismos judiciales avanzan en la investigación.
Fuente: Infobae
Foto: Archivo
