Aunque el Ejecutivo cuenta con el respaldo necesario para aprobar la iniciativa, la discusión en el Congreso se retrasa y la Cámara de Diputados retomará el proyecto a partir de marzo.
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El Gobierno nacional confirmó que cuenta con los votos suficientes para aprobar la nueva Ley de Financiamiento Universitario, pero adelantó que no se tratará durante las sesiones extraordinarias, sino que la discusión se retomará en marzo. La intención del Ejecutivo era dictaminar el proyecto en comisión y someterlo a votación esta semana, tras incluirlo en el decreto que extiende las sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero, que se publicará en el Boletín Oficial.
Fuentes oficiales señalaron que la postergación se debe a limitaciones de tiempo: “No dan los tiempos para votarla. Vamos a conformar la comisión”, explicaron desde Balcarce 50, confiando en que los aliados y bloques dialoguistas, como Provincias Unidas, aseguran un piso de 131 votos para garantizar la media sanción a partir de marzo.
En paralelo, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvieron encuentros con autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a las 56 universidades nacionales. Durante las reuniones, se avanzó en una agenda técnica sobre salarios, gastos operativos y previsibilidad presupuestaria, con el objetivo de acercar posiciones entre el Ejecutivo y las casas de estudio.
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La iniciativa oficial busca modificar el esquema de actualización y financiamiento de la ley vigente, sancionada en 2024, vetada por Javier Milei y luego ratificada por el Congreso. Entre los cambios propuestos se encuentra la sustitución de la indexación automática por aumentos escalonados y cláusulas de revisión. El Ejecutivo está dispuesto a conceder un aumento del 20% en los créditos destinados a gastos de funcionamiento universitario respecto de los montos asignados en 2025 y prevé una evaluación en junio para ajustar eventuales diferencias con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El debate se produce mientras la Casa Rosada apela una medida cautelar que obliga a implementar la ley actual, luego de que un fallo de primera instancia ordenara actualizar salarios docentes y partidas presupuestarias. La administración busca evitar una escalada política y judicial en el inicio del ciclo lectivo y cerrar el debate en el Congreso con una norma que reemplace la vigente, siguiendo la misma estrategia utilizada con la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Fuente y foto: TN
