El Ejecutivo confirmó que el informe final para el juez Sebastián Casanello está “avanzado” y admite indicios de sobreprecios y contrataciones irregulares. La revisión podría derivar en un nuevo esquema de compras directas a laboratorios.
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El Gobierno afirmó que presentará antes de fin de año la auditoría interna de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ante el juez federal Sebastián Casanello, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en la compra de medicamentos y contrataciones dentro del organismo. Según fuentes oficiales, el informe final se encuentra “avanzado” y ya hubo intercambios previos de documentación con los investigadores.
El equipo que responde al interventor Alberto Vilches revisa desde hace meses procedimientos administrativos vinculados a provisiones de medicamentos, incluidas facturas sin registrar en portales públicos, falta de trazabilidad y documentación incompleta dentro del Ministerio de Salud. En despachos oficiales reconocen la existencia de indicios de sobreprecios y contrataciones irregulares, en línea con lo detectado en la causa judicial.
En la Casa Rosada aseguran que “no hay preocupación” por las referencias a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mencionada indirectamente en anotaciones secuestradas durante la investigación. “A Karina no la mencionan, es una inferencia. Queremos que avance la Justicia”, afirman en Balcarce 50. También descartan tensiones por las citaciones del ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo y del exdirector de Acceso a los Servicios de Salud Daniel Garbellini, ambos convocados a declarar.
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El Gobierno insiste en que, una vez finalizada la auditoría y mientras continúe el proceso judicial, avanzará en modificar el esquema de compras de la ANDIS, un área que quedó bajo la lupa tras la filtración de audios en los que Spagnuolo describe un supuesto pedido de coimas. La intención del Ejecutivo es realizar adquisiciones de medicamentos de forma directa a los laboratorios, sin la intervención de droguerías, aunque reconocen que el cambio podría ser “largo” por los costos administrativos, financieros y legales que implica. También prevén derogar contratos vinculados a actores investigados por la Justicia.
Según datos de ejecución presupuestaria del Ministerio de Economía, la ANDIS destina $3,1 billones a gastos de seguridad social, $556.054,96 millones a salud y $5.300 millones a programas de promoción y asistencia. En paralelo, la causa avanza con nuevas indagatorias: la próxima citada es Lorena Di Giorno, convocada para el 28 de noviembre.
La investigación judicial apunta a presuntos direccionamientos de contratos millonarios y pedidos de coimas. Cuatro droguerías —Profarma, Génesis, New Pharma y Floresta— figuran con indicios de haber sido favorecidas de manera sistemática, hechos que deberán estar documentados en la auditoría que prepara el oficialismo para entregar ante la Justicia.
Fuente: TN
Foto: Archivo
