La ofensiva del Kremlin contra las organizaciones críticas sumó un nuevo capítulo: la Fiscalía General de Rusia prohibió las actividades de Amnistía Internacional (AI), una de las ONG de derechos humanos más reconocidas del mundo, y la calificó de «organización indeseable». La acusación central fue que la entidad, con sede en Londres, impulsa proyectos “rusófobos” y apoya al gobierno ucraniano.
En un comunicado oficial, las autoridades rusas señalaron que los integrantes de AI “apoyan organizaciones extremistas y financian las actividades de agentes extranjeros”. Además, apuntaron que su sede londinense actúa como “centro de preparación de campañas rusófobas globales”. Esta medida implica que cualquier colaboración con la ONG puede ser penalizada en suelo ruso.
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No es la primera vez que Rusia toma medidas contra Amnistía Internacional. En abril de 2022, las oficinas de AI en Moscú fueron clausuradas por supuestas infracciones legales, y poco después su sitio web en idioma ruso fue bloqueado por el regulador de comunicaciones Roskomnadzor. Desde entonces, la relación entre la ONG y el gobierno ruso ha sido cada vez más tensa.
En su informe de 2024, Amnistía había denunciado la creciente represión interna en Rusia, especialmente desde la invasión a Ucrania. Según el documento, al menos 171 personas fueron condenadas por leyes relacionadas con la guerra, mientras se abrieron más de 100 nuevos procesos contra disidentes. También se registraron 114 causas por supuesta justificación del terrorismo, muchas de ellas por simples expresiones de opinión.
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En ese mismo período, Rusia declaró agentes extranjeros a 169 organizaciones, medios e individuos, y etiquetó como “indeseables” a 65 grupos más. La decisión sobre AI se suma a una larga lista de medidas que reflejan el endurecimiento del control estatal sobre la sociedad civil. Pese a ello, la organización ha reiterado que continuará denunciando las violaciones a los derechos humanos en Rusia y en todo el mundo.
Fuente: DW.
Foto: Eduardo Verdugo/AP Photo/picture alliance.
